A solicitud del Ministerio Público (MP) un tribunal ordenó cerrar la investigación que se había iniciado sobre tráfico de influencias y plazas fantasma en la contratación de personal en el Instituto de la Víctima, mismo que tenía abundantes pruebas además de la existencia de chats de internet en los que quedaba claro cómo se operaba para satisfacer intereses de los políticos y, especialmente, de Miguel Martínez. Ahora el ente investigador se lava las manos diciendo que fue decisión de un juez y no de ellos, pero la solicitud expresa para cerrar el caso fue formulada por la Fiscalía.
Como nuestros lectores saben, hoy se cumplen 219 días sin que avance ninguna investigación en casos relacionados con Miguel Martínez, pareja sentimental de Alejandro Giammattei y quien figura en los chats que ya fueron publicados en La Hora, aunque en algunos se le menciona como “el HDP”. El caso empezó cuando una ex asesora de Alejandra Carrillo, entonces Directora del instituto de la Víctima, declaró en el Ministerio Público cómo se había manejado una convocatoria para contratación de personal en el año 2020 y la clara intención de favorecer a actores políticos del momento.
La información brindada por la ex asesora de Carrillo fue publicada en La Hora y ello dio lugar a que Alejandra Carrillo acusara al director de La Hora y al presidente de la empresa del delito de “violencia contra la mujer”, pasando por alto el artículo 35 de la Constitución que claramente dice que “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. El MP pidió la desestimación de la denuncia, pero magistrados de una Sala de Apelaciones otorgaron un Amparo para prohibir que se llevara a cabo la audiencia de desestimación y se le otorgaran medidas.
Hemos visto en los últimos tiempos cómo los pocos casos de corrupción que conocen los tribunales de Justicia son cerrados como por arte de magia, confirmando absolutamente el compromiso con la impunidad que implicó nombramientos como el de la Fiscal General y de los magistrados del sistema de justicia, por lo que se puede pensar que lo del Instituto de la Víctima no es más que una mancha al tigre, lo que confirma que, aunque pareciera que a ese sucio tigre no le caben más manchas, al MP le sale sobrando porque opera sin guardar apariencias ni asomos de vergüenza.
El cierre de la investigación contra Carrillo ocurre, “coincidentemente”, cuando se produjo la captura de la actual Directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, en un caso que apunta al mismo presidente Bernardo Arévalo dentro de la persistencia para defender un sistema indefendible y perjudicial para los guatemaltecos.
