El aumento de los actos de violencia genera una preocupante sensación entre los guatemaltecos que seguimos sufriendo el deterioro de las instituciones nacionales que hace muchos años perdieron su sentido y abandonaron las funciones propias de su naturaleza. No cabe la menor duda que la destrucción del Estado de Derecho y del sistema de justicia son factores críticos en el tema de la seguridad porque así como los ladrones del recurso público se sienten a sus anchas, seguros de que nada ni nadie moverá un dedo en su contra, ocurre con pandilleros y toda clase de criminales.
En política cuentan muchos las percepciones y no cabe duda alguna de que los ciudadanos sentimos que hay un incremento en las cifras de violencia y con justa razón desconfiamos de las cifras oficiales que han sido persistentemente manipuladas al gusto y, sobre todo, a la conveniencia de las autoridades en general. Vemos un incremento no solo en asaltos callejeros, sino también en ataques armados perpetrados con toda la saña, alevosía y ventaja que pueda uno imaginarse.
Es vital para la vida nacional saber que se dispone de una autoridad comprometida con la ciudadanía para brindarle, sobre cualquier otra cosa, la protección para garantizar la vida y la pacífica posesión y disfrute de sus bienes. Cuando se emprenden acciones firmes se ven resultados, como pasó con las famosas carreras de motos pero, al bajar la guardia, se observa cómo vuelven a ocurrir porque los violadores de la ley están atentos para medir el comportamiento de las autoridades.
Y si eso pasa con los que disfrutan corriendo motos imaginemos lo que ocurre con quienes hacen del crimen su medio de vida, sea porque realizan asaltos a diestra y siniestra o por lo lucrativo que es el negocio del sicariato. La persistente destrucción del Estado de Derecho, promovida por quienes apañaron la conformación de las Cortes con el objetivo esencial de garantizar impunidad, tiene efectos que van más allá del que perseguían los corruptos porque poco a poco vamos viendo que el objetivo del sistema de justicia no es, en absoluto, castigar a los delincuentes.
El descalabro de la Policía Nacional Civil provocado por Degenhart en el gobierno de Jimmy Morales y continuado en el de Giammattei tiene que pasar factura, queramos o no, porque se dejó tirada la profesionalización que se había iniciado y empezaba a rendir frutos con la depuración de la fuerza pública. Urge retomar la reforma policial.
Los retos para la ciudadanía son enormes porque el país requiere cambios importantes que tienen que partir del rescate del Estado de Derecho para enderezar la justicia. A partir de ello podemos emprender políticas de rescate institucional para cumplir con el mandato constitucional de trabajar por el bien común.
