En el idioma español decimos que deben darse pelos y señales cuando se demanda una explicación pormenorizada de alguna situación y por ello creemos que la expresión viene al caso ahora que Consuelo Porras le pide al gobierno del Presidente Arévalo informe sobre los casos de corrupción que, según él, no avanzan en el Ministerio Público. Estamos viviendo una peculiar confrontación, agravada esta semana por la acción del MP contra Arévalo y funcionarios de su gobierno, situación que reclama madurez y mucha firmeza para aprovechar ese momento, creado por Porras, y así terminar con esa insoportable situación.
Existe abundante detalle de negocios que fueron realizados directamente por la pareja Giammattei-Martínez que siguen sin ser investigados y, peor aún, se siguen haciendo, como pasa con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que continúa comprando a las empresas favoritas de Martínez como si nada. El poder acumulado llegó a ser tan absoluto como absoluta es la insolencia con que operan los que saquean al Estado.
Llegaron al colmo de ponerle el nombre de uno de los favoritos de Martínez, por lo menos para el tema de los negocios, a un puente construido por el gobierno de Giammattei, lo que nos indica que no hubo ni siquiera mínimo esmero por guardar las apariencias, pues sabiendo que tenían al MP, a los tribunales, a la Superintendencia de Bancos y, en general a toda la administración pública cooptada, podían hacer lo que les diera la gana.
Después de medio año en el ejercicio del cargo y con el control de las instituciones, es tiempo de que públicamente se presente ante el MP, pero también ante la opinión pública, lo que se ha ido descubriendo tanto en cuanto a mañoserías en las contrataciones como en cuanto al manejo de los fondos para facilitar la posterior distribución. Se sabe que hay suficientes indicios en la Intendencia de Verificación Especial como para fundamentar investigaciones muy serias que, sin embargo, no llegarán porque es parte del acuerdo que se hizo en el momento en que fue nombrada Fiscal General Consuelo Porras.
El gobierno tiene que usar toda la información disponible para evidenciar los casos que no han sido debidamente investigados, pese a que públicamente se ha conocido la forma en que operaron. Repetimos que el tema de las distintas droguerías que venden medicamentos puede ser un excelente punto de partida porque está documentada la estrecha relación de Martínez con los dueños.
Ya basta de discursitos y de guerras de palabras. La opinión pública está ya cansada de ese pleito estéril entre el gobierno y el MP que ahora llega a la Corte de Constitucionalidad por petición expresa de Porras, lo que puede ser otra muestra de compadre hablado que le puede costar muy caro al régimen.
