La Corte de Constitucionalidad (CC) reaccionó indignada por la solicitud de retiro de inmunidad planteada por el gobierno de Bernardo Arévalo contra los magistrados suplentes Claudia Paniagua, Walter Paulino Jiménez y Luis Alfonso Rosales, quienes otorgaron un Amparo a Jorge Mondal para mantenerlo como Presidente del Banco de los Trabajadores. Según la CC esa acción del gobierno atenta contra la “independencia judicial”, pero no dicen absolutamente nada del hecho cierto, concreto y palpable, de que los tres magistrados ignoraron olímpicamente los informes de la Superintendencia de Bancos (SIB) que afirman que Mondal no llena los requisitos para ese cargo.
Y decimos que hay doble moral porque, en cambio, nunca objetaron las acciones del Ministerio Público (MP) contra jueces que no resolvían a su antojo. Casos recientes son los de las juezas de Instancia Penal Wendy Coloma y Karen Chinchilla, quienes fueron denunciadas por el MP pidiendo el retiro de la inmunidad porque emitieron fallos que no gustaron a Consuelo Porras y Ángel Pineda. En esos dos casos hubo valoración de las pruebas y en legítimo ejercicio de la independencia judicial, fallaron contra lo que pedía el MP.
La diferencia entre ambos casos es que en el de los magistrados de la CC simple y llanamente ignoraron el informe de la Superintendencia de Bancos sosteniendo que Mondal no llena los requisitos de ley para presidir el Bantrab, mientras que las dos juezas sindicadas valoraron y sopesaron las pruebas del MP y las pruebas que presentaron los acusados, es decir el general Napoleón Barrientos y los Magistrados del TSE cuyas cabezas pedía la fiscalía.
Y podemos remontarnos a más casos, puesto que cabalmente por ese doble rasero es que hay jueces que se encuentran en el exilio, pues no hubo forma de librarse de la persecución penal del Ministerio Público y sus aliados.
Repetimos que el gran contraste está en que el prevaricato sí existe cuando los juzgadores resuelven sospechosamente sin tomar en cuenta medios de prueba fehacientes, como puede ser el informe de la Superintendencia de Bancos detallando el incumplimiento de los requisitos que exige la Ley del Banco de los Trabajadores. Y es que allí no hay campo para la interpretación propia de la independencia judicial, puesto que se probó que no se estaba limitando ningún derecho a quien mintió para ser nombrado por Giammattei y Martínez.
Todos somos responsables ante la ley por nuestros actos y no caben dobles raseros; el MP sentó precedentes planteando el antejuicio contra jueces por sus fallos, pero cuando se procede igual contra los que apañan a la mafia, viene el llanto y crujir de dientes.
