Si nos guiamos por las investigaciones que se hacen de la corrupción en los últimos años y por los fallos judiciales que absuelven de cualquier culpa a quienes fueron señalados por haberse beneficiado con los fondos públicos, tendríamos que concluir que en Guatemala no existe la corrupción porque desde Otto Pérez y Baldetti, hasta llegar a Sinibaldi y Baldizón, todos han sido exonerados de culpa. Los ciudadanos estamos en una encrucijada porque nos damos cuenta de que los fondos públicos no se usan para impulsar políticas de desarrollo humano que, a partir de la educación, salud y seguridad, impulsen cambios en las condiciones de vida, pero al parecer eso es una ilusión óptica alejada de nuestra realidad.
Y seguramente la migración no es un fenómeno social generado por esa insatisfacción generalizada que se produce por la ausencia de inversión en beneficio de la gente, sino debe ser producto de un espíritu aventurero que por siempre pasó inadvertido para aquellos que estudiaron a lo largo de muchas décadas la mentalidad colectiva de nuestra población. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a perder su tiempo porque en Guatemala, a juzgar por los expedientes judiciales, no hay tales de corrupción y todos los que han ocupado puestos públicos y los que siguen administrando la justicia e investigando los delitos, pueden vivir tranquilos porque aquí no ha pasado nada.
Debe ser maldad de los medios de comunicación hablar de corrupción en un país donde aun los casos mejor fundamentados, como aquel de las maletas rellenas de millones que fueron localizadas en Antigua Guatemala, terminan desvaneciéndose en cuanto le toca a un juzgador analizar y evaluar las pruebas. Uno a uno todos los que fueron señalados van saliendo libres de cualquier responsabilidad y ello, por supuesto, alienta a quienes llegan a ocupar puestos de poder para hacer exactamente lo mismo, sabiendo que el sistema está hecho para no castigar a ningún ladrón, salvo que se trate de un repudiable ratero que roba animales de corral en algún pueblo remoto.
Tristemente, no existe un mecanismo de control eficiente en el sistema de justicia para determinar si los juzgadores liberan a los acusados respetando el derecho y el debido proceso o si, por el contrario, se trata de compadres hablados que fueron puestos en los cargos judiciales precisamente con el encargo y la obligación de resolver tal y como ahora vemos que lo hacen en todos los juzgados habidos y por haber.
¡Viva la Pepa! Aquí únicamente los ilusos creen que hay corrupción y no entienden que al honrado que le cuesta, la gente que emigra por los millones y el empresario que juega bajo las reglas y se quejan y/o se van por el gusto que da lidiar con un sistema secuestrado.
