En la Biblia aparece la frase de que sembrando vientos se cosecharán tempestades y algo así es lo que está ocurriendo ya con las famosas Comisiones de Postulación para la integración de las Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia puesto que, aún y cuando fueron convocadas en tiempo, retrasos absurdos -que pueden ser maliciosos- amenazan, de entrada, con la imposibilidad de cumplir su cometido. A ello se debe sumar que grupos de la sociedad civil han expresado sus temores porque afirman que el Ministerio Público (MP) está investigando a varios de los decanos de derecho de universidades parte de las postuladoras.
Se recordará cuando se presentó el antejuicio contra los magistrados del TSE ante el Congreso y varios diputados decidieron abandonar el pleno antes de que se votara sobre esa materia, pero fueron advertidos de investigaciones que se podrían iniciar en su contra si se abstenían, lo que obligó a varios a regresar apresuradamente al pleno para votar tal y como el MP quería que votaran.
Actualmente a falta de operativos como los de las Comisiones Paralelas y de que algún grupo tenga el control de las postuladoras, se observan nuevas dinámicas que van desde la imposibilidad de conformarlas por ausencia de algunos decanos, hasta las señaladas investigaciones penales que se hacen desde el “Fuerte y Firme” Ministerio Público. Todos sabemos el papel que juega el ente a cargo de la persecución penal en cuanto a apuntalar el control del sistema de justicia, destruyendo el Estado de Derecho, y por lo tanto la preocupación por las investigaciones a decanos resulta plenamente justificada.
Se supo que ayer se llevaron el Padrón Electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sin orden de juez, y una vez más se demuestra que hacen lo que quieren y además, siguen sin tocar a la pareja Alejandro Giammattei y Miguel Martínez a pesar de las denuncias y evidencias.
Están en Guatemala miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para observar “los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial” en el país y mañana presentará ante la prensa nacional sus primeras conclusiones. Sin duda que el tema de las postuladoras será uno de los que deberán abordarse porque allí está la clave de la posibilidad de rescatar la institucionalidad y la independencia judicial.
La persecución penal, que no ocurre contra los más descarados y reconocidos ladrones que han saqueado a Guatemala, está a la orden del día para presionar y condicionar a todos aquellos que puedan significar el menor riesgo para la continuidad del reino de la impunidad que apaña la corrupción. Y por ello es que en el tema de las postuladoras preocupa la forma en que se están sembrando los vientos porque seguramente tendremos que cosechar una terrible tempestad que se manifiesta en el marco del renovado control del sistema de justicia para garantizar absoluta impunidad a los ladrones del erario.
