Ayer el Presidente, cumpliendo con una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ofreció en nombre del Estado de Guatemala disculpas públicas a los padres biológicos de los hermanos Tobar Ramírez, uno de los innumerables casos de adopción de niños guatemaltecos que fueron entregados a padres adoptivos en el exterior, en lo que se llegó a convertir en un muy jugoso negocio. Son miles los niños guatemaltecos que fueron literalmente vendidos durante muchos años de indolencia y complicidad del Estado.
No hace mucho la señora Mariela SR Coline Fanon publicó su libro, “Mamá no estoy Muerta”, en el que relata la tragedia que le tocó vivir cuando fue robada a sus padres naturales en una historia que se repetía con demasiada frecuencia. Robos que permitían a mafias asquerosas vender a los niños a personas en el extranjero que encontraban en Guatemala facilidades para adoptar, a cambio de una fuerte cantidad de dinero, a niños que muchas veces fueron robados en la maternidad de hospitales públicos y privados, para ser llevados a “casas cuna” en las que se les mantenía hasta que cerraban en lucrativo negocio.
El caso de los hermanos Tobar Ramírez se inició con una denuncia anónima recibida por la Procuraduría General de la Nación sobre el supuesto abandono de los menores de edad; la autoridad los sacó de la vivienda en la que estaban y fueron puestos en un hogar temporal de donde se iniciaron los trámites para darlos en adopción. Se sabe que en esos tiempos una adopción podría costar varios miles de dólares, lo que permitía en muchos casos no sólo el enorme lucro de los abogados que hacían los trámites, sino también financiar la existencia de muchas casas cuna.
Son los casos de nuestra triste historia que nunca debemos olvidar porque si bien muchos de esos niños adoptados tuvieron la suerte de ser acogidos por padres adoptivos cariñosos que se preocuparon por ellos, es un hecho que nunca se hizo un verdadero estudio sobre la calidad y capacidad de quienes buscaban hijos en adopción. Lo único que contaba era la cantidad de plata que ofrecían para, literalmente, comprar niños guatemaltecos que se convirtieron en parte de un creciente y muy jugoso negocio.
La corrupción en general es un delito que literalmente provoca sangre, sudor y lágrimas, pero cuando el negocio se hace vendiendo niños que son robados a sus padres podemos hablar de un crimen de lesa humanidad. En el caso de Tobar Ramírez fue evidente que la PGN estaba interesada en darlos en adopción más que en ayudar a los niños, puesto que rechazaron el ofrecimiento de la abuela para hacerse cargo de la custodia.
Casos tristes y dolorosos que no solo no se investigan correctamente y que nos recuerdan que no debemos permitir que las cantidades que se paguen por las adopciones valgan más que la familia.