Hoy, en la Universidad Landívar, se reunirá por primera vez formalmente la Comisión de Postulación integrada para designar a los abogados entre los que el Congreso ha de elegir a quienes deben integrar por los próximos cinco años la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dando así inicio a un proceso de enorme importancia porque de eso dependerá la posibilidad de rescatar el Estado de Derecho en Guatemala. En efecto, por obra y magia de las mafias que han gobernado al país se procedió a la destrucción de todo concepto de legalidad para garantizar, de esa manera, impunidad a los abundantes ladrones que han ocupado cargos públicos de diversas jerarquías.
Y el efecto ha sido un sistema de justicia no sólo inútil para aplicar la ley como Dios manda, sino además perverso para usar esa misma ley como mecanismo para arremeter contra aquellos que evidencian las fallas del sistema y esa mezcla entre corrupción e impunidad en un país que no logra atender las necesidades de la población, precisamente por ese derroche de los recursos del Estado, mismos que van a parar a las maletas que contienen millones y que, aunque sean decomisadas, no conducen al castigo de los criminales que siguen gozando tranquilamente de su libertad y dinero.
Por supuesto que la Corte Suprema de Justicia es un eslabón dentro de una larga y compleja cadena porque también hay que rescatar las Salas de Apelaciones y posteriormente pensar en el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad que son decisivos instrumentos para asegurar, fuera de toda duda, el imperio de la ley. Hay órganos que no ocultan su compromiso, el mismo que les valió a quienes los dirigen para ser designados, para impedir que contra Giammattei o Miguel Martínez pueda avanzar la menor investigación, a pesar de que es pública la sensación de que ese gobierno llegó al colmo de superar al de Jimmy Morales en cuanto al aprovechamiento para fines personales del recurso público.
Hay aspectos esperanzadores porque las mafias, que tiraron dinero a manos llenas para asegurarse el control de las postuladoras, no lograron su cometido a plenitud y no existe un grupo que pueda presumir de fuerza suficiente para imponer su voluntad. Además está el interés de la comunidad internacional que ha visto el efecto dañino de la destrucción de la justicia en muchos planos de la vida diaria y que es uno de los factores que incrementan la migración de guatemaltecos que no pueden satisfacer ni siquiera sus necesidades vitales.
Los ciudadanos debemos mantener constante vigilancia sobre el papel de las postuladoras, entendiendo la enorme trascendencia de este proceso que hoy arranca y que será vital para marcar nuestro futuro.
