Foto: Sara Yenesel / Agencia EFE / Supreme Court US - Diseño La Hora / Alejandro Ramírez

El pasado sábado nuestro director se refirió a la política norteamericana luego del debate entre Biden y Trump e hizo mención de la canción de Ricardo Arjona “Si el Norte fuera el Sur” para comparar cómo la política norteamericana ha ido cayendo en los vicios del tercer mundo a lo largo de los últimos años. Pero como para ponerle la tapa al pomo, ayer la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decretó la inmunidad del ex presidente Trump (y con ello de todos los que ocupen o hayan ocupado la Presidencia) de manera que no se les pueda juzgar por delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

Los magistrados que votaron decisivamente para darle impunidad a Trump fueron los que él nombró para ocupar de manera vitalicia los cargos de contralores de la legalidad en Estados Unidos. Algo así como lo que pasa en países, como el nuestro, en los que se nombran magistrados para que tapen lo que los gobernantes no quieren que se mire y les aseguren impunidad. Eso que puede verse como normal dentro de la política del Sur o Tercer Mundo, como se le quiera llamar, pero era impensable en Estados Unidos donde el famoso imperio de la ley (Rule of Law) se consideraba como un principio sagrado.

Hace ya algún tiempo que los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos vienen siendo objeto de la atención pública que ha descubierto la cantidad de tráfico de influencias que existe con muchos de ellos llevando vida de reyes financiada por quienes los necesitan como ángeles protectores o vigorosos consuelos. Pero quedan en el ojo del huracán al otorgar a Donald Trump inmunidad ante los hechos que causaron muerte y destrucción en el Capitolio el 6 de enero del 2021, puesto que la resolución constituye todo un escándalo para el país que se consideró ejemplo de la legalidad y del imperio de la justicia.

El fallo abre peligrosos caminos. Personas murieron el 6 de enero y el mensaje que se manda es que de aquí en adelante un Presidente puede incitar actos o incluso mandar a matar a alguien como consecuencia de una acción en el ejercicio de las funciones presidenciales, según el fallo de la Corte. Abre la puerta a los negocios porque, como pasa en muchas monarquías, ese carácter de Rey con poder absoluto le permite lo que se le dé la gana.

No solo Guatemala tiene la lamentable situación de tener magistrados al gusto, puestos para amparar la ilegalidad de quienes les nombraron. El Norte es ahora cada vez más parecido al Sur.

Redacción La Hora

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