La Contraloría General de Cuentas de la Nación ha sido, históricamente, una entidad inútil para fiscalizar el uso de los fondos públicos que no son otra cosa que dinero de todos los guatemaltecos, proveniente del pago de los impuestos; la enorme corrupción que sufre el país no ha generado acción seria de esa entidad porque históricamente la clase política, representada en el Congreso de la República, designa al Contralor justamente para que apañe toda la porquería que se hace para el enriquecimiento de políticos y particulares que se asocian criminalmente.
Pero con todo y su negro pasado, nunca llegó al descaro que ahora muestra el contralor Frank Helmut Bode disponiendo que sea secreta durante siete años toda la información relacionada con “los instrumentos, documentos, nombramientos, insumos, metodología, comunicación electrónica, aplicaciones informáticas, sistemas, providencias o procedimientos utilizados para la planificación, ejecución, comunicación de resultados y gestión de los procesos de fiscalización, así como los oficios, informes jurídicos, opiniones, dictámenes técnicos y/o legales, proyectos de denuncia, denuncias, demandas o documentos digitales emitidos como resultado del mismo o bien en el ejercicio de sus funciones”.
En otras palabras durante siete años nadie puede tener acceso a información sobre la forma en que se usa el dinero del pueblo, asegurando así la más absoluta impunidad para quienes se embolsan esos recursos. Lo inaudito de la disposición salta a la vista puesto que se atenta contra la Constitución Política que establece la publicidad de todos los actos administrativos y, por lo tanto, lo dispuesto es inconstitucional.
Dentro de las funciones que la misma Carta Magna asigna al Contralor no figura la de operar en secreto de ninguna manera. Hace unos días, con el informe anual se presentaron denuncias y algunos pensamos, incluido este medio, que era un primer rompimiento con la pareja de exgobernantes, pero a luz de lo ahora visto, parece que esas denuncias se presentaron sabiendo que toda la corrupción tiene Consuelo, Porras y un Ángel guardián.
Ahora, con esta acción, el mismo contralor Frank Helmut Bode pone más en duda su idoneidad para el cargo y no faltarán los pedidos de remoción. Esta acción alimenta los fantasmas que denuncian que en la Contraloría se están dando plazas a diputados y archivando denuncias, extremos que deben ser investigados.
El ciudadano tiene derecho absoluto a saber cómo se manejan los fondos públicos y por lo tanto es absolutamente nula la decisión adoptada. Lo único que se puede sacar como conclusión de todo esto es que se elimina por completo toda posibilidad de transparencia en el manejo de los fondos públicos, esa misma que es la responsabilidad de la Contraloría General de Cuentas. Si bien nunca ha servido de mucho, ahora sencillamente se confirma la falta de la menor intención de cumplir con lo que se establece como su principal función.
Por supuesto que el Contralor se siente respaldado porque sabe que dispone de suficientes aliados que pretenden también mantener oculta la información, empezando por la Corte de Constitucionalidad que dispuso algo similar, alentando así a Bode para dar el fatídico paso que elimina de manera absoluta toda posibilidad de transparentar el uso del dinero del pueblo.
