El tema de seguir la pista del dinero para deducir responsabilidades a quienes se han robado los recursos del pueblo de Guatemala lo hemos señalado infinidad de veces, porque sabemos que es una pieza fundamental para la persecución penal de quienes incurren en delitos mediante la contratación de obra pública. De esa cuenta establecimos el vínculo estrecho entre funcionarios de la Superintendencia de Bancos y la pareja Giammattei – Martínez mediante acceso a la información para conocer las veces que el entonces Intendente de Verificación Especial visitó al gobernante.
Tras esa insistencia de La Hora y expresar que no tiene vinculación con la pareja de exgobernantes, la Superintendencia, ahora a cargo de quien fue por esos años el intendente responsable de seguir la pista al dinero, informó de la cantidad de denuncias que han presentado al Ministerio Público con relación a manejos sospechosos dignos de ser investigados. Sin embargo, al consultar al MP para saber cómo se han procesado esas denuncias, resulta que hay una muy curiosa discrepancia en cuanto a la cantidad que dice la SIB y lo que dice el ente responsable de la investigación penal.
Insistimos en que nuestra necedad para averiguar el papel que ha jugado la Superintendencia implicó que se nos dijera cuántas denuncias se hicieron al Ministerio Público; la cantidad es considerablemente baja tomando en cuenta la cantidad de negocios sucios que se han realizado y que, por fuerza, obligan a realizar manejos financieros para cubrir las mordidas que se entregan a quienes deciden sobre las contrataciones, pero aun siendo baja, resulta que el Ministerio Público solo reconoce haber recibido un número mucho menor de lo que ha sido comunicado por la SIB.
Es un caso en realidad importante porque nos demuestra cuán difícil es el combate a la corrupción cuando el mejor mecanismo para indagar, que es seguir la pista del dinero que el Estado paga formal y oficialmente a los contratistas que pactan con funcionarios o con el poder tras el trono, no se puede realizar como debe ser, por la razón que sea.
Si el MP “desconoce” algunas de las denuncias que presentaron los superintendentes del tema bancario, seguramente que en ellas hay mucha tela que cortar y por ello terminaron desapareciendo “misteriosamente”. No es tema sencillo ni algo que pueda pasarse por alto, toda vez que los guatemaltecos tuvimos el año pasado, al fin de las quinientas, un aire con remolino para pronunciarnos en las urnas respecto a tanto abuso en el manejo de los recursos del Estado.
Pero ese aire con remolino está quedando sin ninguna consecuencia porque el tejido de impunidad que se montó sigue funcionando a la perfección y lo confirma el hecho simple y concreto de que denuncias de la IVE se perdieron o traspapelaron.
