La absoluta necesidad de una Terminal de Contenedores en el océano Pacífico era incuestionable y a lo largo de los años hemos comprobado el gran servicio que ello aportó al comercio marítimo; sin embargo, el gobierno de Otto Pérez Molina aprovechó esa circunstancia para realizar un enorme negocio que, en España, llevó a la condena de los ejecutivos de Terminal de Contenedores de Barcelona que aceptaron haber dado sobornos por casi 25 millones de dólares a autoridades guatemaltecas.
Posteriormente la empresa APM Terminals adquirió los “derechos” de los españoles en Terminal de Contenedores Quetzal y acá en La Hora les cuestionamos cuando dijeron que no sabían el sucio origen del negocio porque nadie hace una inversión de ese calibre sin la debida diligencia previa y era público, aquí y en Europa, el trasfondo del trato. El gobierno de Jimmy Morales avaló esa operación y lo mismo hicieron hasta entes encargados de la persecución penal que sabían perfectamente cuánto dinero se movió para generar el usufructo y facilitar la operación.
En su momento se desperdició la oportunidad de enderezar el origen que debió ser concesión en lugar de usufructo, pactar una reparación y dar certeza para que APM hiciera las inversiones necesarias.
Ahora la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ratificó la nulidad absoluta de los contratos suscritos y entramos en una etapa difícil porque APM Terminals es dueña del equipo que se utiliza para el manejo de los contenedores y han señalado que en acatamiento al fallo pueden suspender operaciones, lo que sería un golpe duro para Guatemala por la enorme dependencia que tenemos.
Creemos que es el momento de tratar de enderezar lo que nació y creció muy torcido y que una pública y transparente negociación puede y debe llevarse a cabo para proteger los intereses de los usuarios del servicio portuario; la transparencia tiene que ser absoluta para terminar con los vicios que dieron origen a un servicio que se ha vuelto indispensable pero que, como pasa con tantas cosas en nuestro país, fue aprovechado por funcionarios corruptos para bañarse en dinero mal habido.
Sea con APM Terminals o con alguna otra empresa, es fundamental que las negociaciones se hagan de forma que no quede ninguna duda sobre posibles arreglos que vuelvan a enturbiar, más aún, el ya legendario trinquete que, como decimos, significó condenas por corrupción a los españoles mientras en Guatemala, como pasa con tantas cosas, el dinero simplemente se “esfumó”.
No podemos darnos el lujo de simplemente dejar de recibir contenedores porque ello sería un daño muy serio a la economía del país justamente cuando, como decimos corrientemente, la Magdalena no está para tafetanes. Pero es fundamental insistir en la publicidad y transparencia de cualquier tipo de negociación que se haga con la mirada fija en la continuidad de una operación vital para la economía nacional, acabando al fin con tanta sucia práctica de los gobiernos de Pérez Molina y Jimmy Morales.
Guatemala tiene salidas en el marco de la legalidad y habremos de aprovecharlas.
