El operativo efectuado en la prisión El Infiernito corroboró el perpetuo descalabro del Sistema Penitenciario de Guatemala, en el que el tráfico de influencias ha sido una larga tradición que se ha arraigado en todos los centros de detención en el país y que, a pesar de ser tan conocida, ningún gobierno se ha preocupado seriamente por enfrentar. Las mordidas están a la orden del día y por eso las cárceles, lejos de cumplir sus funciones, se convierten en el centro de operación de bandas criminales que desde allí dirigen y ordenan desde extorsiones hasta asesinatos.
En el gobierno anterior, a cargo de alguien que había sido Director del Sistema Penitenciario y quien se vio involucrado en el operativo Pavo Real, en tiempos de Oscar Berger, no movió un dedo para entrarle a esa crítica realidad que tiene terribles consecuencias. Ocupados en sus propios negocios dejaron florecer la corrupción más aún en todo el sistema carcelario, alcanzando niveles que superaron esa larga y dolorosa tradición guatemalteca.
Planes para evitar el uso de teléfonos celulares mediante implementación de tecnología adecuada no pasan de ser puras palabras porque finalmente todo ello resulta imposible porque quienes en realidad tienen el control y el poder en las prisiones son los mismos prisioneros, entre ellos los líderes de pandillas dedicadas a la extorsión que, por ello, se planifica, dirige y ejecuta desde distintos centros de detención.
Si bien es cierto que ese tema viene de lejos, también lo es que la corrupción ha crecido al mismo ritmo que creció en otras áreas de la administración pública, sobre todo en los últimos gobiernos que no tuvieron ninguna otra preocupación más que la de implementar medidas para facilitar negocios de todo tipo. Y no sólo los guardias integraban esas estructuras que permiten el ingreso de armas, dineros, celulares, televisiones, amueblados, prostitutas o cualquier cosa que los detenidos deseen tener; todo ello sería imposible sin la participación no sólo de directores y personal administrativo de todas las cárceles, sino de quienes tienen la responsabilidad de dirigir todo el sistema.
Es éste otro campo en el que el país paga enorme precio por el incremento de la corrupción que se ha llegado a enseñorear de toda la administración pública contaminando la vida nacional. Por ello es importante entender las terribles consecuencias que tiene la amplia gama de negocios, que es el eje y motor de la actividad pública, y buscar ese gran acuerdo nacional que nos permita enfrentar el problema con seriedad, madurez y determinación.
No podemos seguir viviendo como Nación tamaño descalabro que, día a día, nos pasa factura a todos por la forma en que se perdió el sentido de la función y la responsabilidad en la vida pública.
