Tras enterarse que existe una razón legal que justifica su remoción, por haber afirmado bajo juramento ante notario que tenía experiencia de más de 10 años en el sistema bancario, Jorge Adolfo Mondal Chew en su calidad Presidente de Bantrab, presentó una denuncia ante el MP contra funcionarios de la Presidencia de la República y de la Secretaría Contra la Corrupción por supuesta coacción. Anoche mismo fue notificado de su destitución por esa falsedad, lo que sin duda hará que, nuevamente recurra ante la Corte de Constitucionalidad (CC) porque confía en que tanto el MP como la CC cumplan con su compromiso de proteger los intereses de Miguel Martínez.
Recordemos que el MP no ha investigado el delito cometido al asegurar una falsedad ideológica bajo juramento de decir la verdad y que la Corte de Constitucionalidad ya le otorgó un amparo provisional para evitar su destitución, aunque ello fue antes de que se conociera la mentira que se dijo para, supuestamente, cumplir con lo que exige la Ley Orgánica del Banco de los Trabajadores.
Pero Mondal Chew sabe exactamente cómo se conformó la Corte de Constitucionalidad en tiempos de Giammattei y bajo la directa y decisiva participación de Miguel Martínez; también sabe, como lo sabemos todos por el famosos audio en el que Martínez exigía en forma grosera poner en orden a Consuelo Porras, el papel que la pareja del mandatario jugó en ese gobierno en el que la Fiscal General fue reelecta para dirigir el Ministerio Público.
En buen sentido, el caso Mondal Chew se convierte en una prueba de fuego para ambas instituciones caracterizadas por hacer todo lo que esté en sus manos para proteger los intereses de Martínez y Giammattei, al mismo tiempo que dirigen su artillería pesada en contra de cualquiera que esté en contra del régimen de impunidad que se empezó a construir en tiempos de Jimmy Morales, pero que alcanzó su clímax en el gobierno anterior
Porque es evidente que la afirmación de Mondal, en el sentido de que la Superintendencia de Bancos podría dar fe de lo que afirmaba bajo juramento es totalmente falsa porque la misma SIB confirmó oficialmente que no dispone de nada que le permita confirmar que por más de 10 años trabajó en el sistema bancario nacional. Ello bastaría para procesarlo por el delito de falsedad ideológica tipificado en el artículo 239 del Código Penal.
Y, por supuesto, justifica su destitución y que la CC revoque el Amparo Provisional que le fue otorgado. De no ocurrir esos dos hechos, la investigación del MP y la revocatoria del Amparo, quedará más que ratificado el papel que juegan ambas instituciones en nuestro régimen de legalidad.
