Diseño: Alejandro Ramírez/La Hora
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La ministra de Comunicaciones, al reunirse con contratistas del Estado que ya recibieron casi completo el pago por las obras licitadas, destacó que muchas de esas obras no tienen avances en ejecución que correspondan a los montos que fueron cancelados y pidió “conciencia” a los que fueron favorecidos por autoridades del gobierno anterior. Creemos importante destacar esa situación absolutamente irregular que se ha dado, entendiendo que los pagos no guardan proporción con el avance de los trabajos, además de que hay proyectos que ni siquiera han empezado a ejecutarse.

En el caso de muchos de esos negocios es realmente infantil esperar que haya conciencia porque todos sabemos lo que hay atrás de casi cada uno de ellos y las razones por las que fueron contratados determinados constructores que gozaron de enormes privilegios durante la administración anterior. Muchos de los que ya recibieron y no avanzaron, YA PAGARON LA CUOTA A QUIÉN DEBÍAN. Lamentablemente, no se puede avanzar mucho en la vía legal por la falta de disposición de autoridades como la Contraloría de Cuentas llamada a fiscalizar el uso de los fondos públicos o las fiscalías que tienen la obligación de investigar la comisión de delitos en las negociaciones del Estado con los contratistas.

El problema es serio porque un llamado a la conciencia de quienes demostraron no tener conciencia termina siendo un recurso poco útil, pues ya sabemos que lo que menos prevaleció desde el momento en que hicieron sus ofertas en licitaciones oscuras y amañadas fue cabalmente la conciencia y responsabilidad. El problema hay que entenderlo en su justa dimensión, porque la raíz de todo está en que para “ganar” las licitaciones debieron cumplir con el pago de fuertes cantidades a los funcionarios, quienes a su vez debían rendir cuentas ante quienes en realidad tenían la sartén por el mango.

No estamos hablando de unos cuantos miles de quetzales, ni siquiera de unos cuantos millones de quetzales. En realidad estamos hablando de miles de millones de quetzales que fueron aprobados por el Congreso en oscuras negociaciones con el Ejecutivo, simplemente para rellenar más maletas como las que encontraron a un Benito beneficiado ampliamente por nuestro sistema de justicia.

Esa es la razón esencial por la que hace falta disponer de un Ministerio Público comprometido con el cumplimiento de su deber y de sus obligaciones, puesto que mientras no se sienten drásticos precedentes en contra de los participantes de la corrupción, funcionarios y contratistas, que hicieron piñata con tanto dinero a cambio de obras que no solo no se han completado sino que, en muchos casos, ni siquiera han iniciado.

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