La iniciativa del presidente Arévalo para reformar el artículo de la Ley Orgánica del Ministerio Público en lo relativo a la remoción de la Fiscal General ha provocado diversas reacciones y entre ellas se ha hablado bastante del famoso y cierto principio de la irretroactividad de la ley. Los que apoyan a la Fiscal, entre los que destacan muchos operarios de la corrupción, ven en ese principio un elemento para impedir que se le pueda destituir; sin embargo, hay que entender a cabalidad el derecho puesto que a partir de la aprobación de una reforma podría darse la remoción si ella persiste en el encubrimiento que viene haciendo de los exgobernantes Morales, Giammattei y la pareja de éste, Miguel Martínez.
Que han sido encubiertos es un hecho público y notorio, pero la forma en que, por ejemplo, enterraron el caso de la alfombra rusa no podría ser causal de destitución porque ello ocurrió antes de que fuera aprobada la nueva normativa. Pero si a partir de la fecha de su vigencia (una eventual reforma), el Ministerio Público persistiera en mantener la alfombra bajo la alfombra, para citar un caso específico y en particular, obviamente se está generando un motivo por el cual, lícitamente, se puede y debe aplicar la nueva normativa y proceder con la evaluación.
Aplicar retroactivamente la ley sería, por ejemplo, justificar la destitución por la forma burda en que la Fiscal General ha encubierto a esas conocidas figuras políticas, pero si ya con la nueva ley los continúa encubriendo, como seguramente lo tendría que hacer de conformidad con lo pactado durante sus dos designaciones para ocupar el cargo, entonces sí se debe aplicar la nueva norma y se le puede remover sin que tenga nada que ver el principio legal de irretroactividad de la ley.
En todo caso, si la Fiscal General no quisiera ser removida, tendría que dejar de proteger a sus dos amigos y al particular que en aquel audio famoso la llamó “vieja c…”, con lo cual el país estaría ganando mucho tras la iniciativa de reforma legal planteada por el presidente Arévalo al Congreso.
Pero un punto que se tiene que tomar en cuenta es el poder político que tiene la Jefa del Ministerio Público y que se vio cuando el Congreso tenía que conocer el antejuicio de los magistrados del TSE. Porque inicialmente no disponían de los votos, pero al poner en marcha la maquinaria de extorsión, amenazando a los diputados con que los podrían procesar y hasta iniciar juicios contra sus parientes (al menos la madre de un diputado que ya había zafado bulto), lograron la mayoría necesaria.
El gobierno debe evidenciar esas situaciones para que el ciudadano entienda cuál es la importancia de una ley como la propuesta y lo que ello significaría para avanzar en la demolición de un sistema totalmente prostituido.
