Ante los constantes y severos señalamientos de la opinión pública y del mismo gobierno contra la labor que realiza o deja de realizar el Ministerio Público, en esta semana que termina se produjo un aire con remolino y dos son los casos más significativos que vale la pena analizar. El primero se vuelca contra quienes formaron la extinta Comisión Presidencial contra el Covid (COPROCOVID) en la que participó, “casualmente”, quien hoy es el Procurador General de la Nación y que accionó contra la compra de las vacunas rusas.
El otro sonado caso fue el del allanamiento de las instalaciones de la entidad internacional Save The Children, que por lo visto es el meollo del señalamiento contra las organizaciones no gubernamentales que hicieran ante las autoridades de justicia del Estado de Texas sobre supuesto tráfico de niños. Curiosamente, entre las primeras reacciones que se producen está la de un joven productor de cine cubano-americano en la que difunde la acción del Ministerio Público de Guatemala y agrega, como de pasada, que en el pasado la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, fue directiva de Save The Children.
Creemos absolutamente en la necesidad de investigar todos los casos que puedan tener relación con actividades criminales de cualquier naturaleza y debe investigarse cualquier vínculo de la comisión contra el Covid en la compra de las vacunas, aunque sus funciones hayan terminado antes de que se realizara el negocio con los rusos.
También pensamos que un Ministerio Público fuerte y firme, además de imparcial y objetivo, tiene que investigar cualquier indicio de tráfico de niños o de mala utilización de fondos que haga una ONG. Absolutamente, ninguna actividad o persona debe estar arriba de la ley y es obligado ir al fondo para determinar la comisión de delitos.
Pero sigue llamando la atención dos cosas: en el caso de la compra de vacunas rusas las principales figuras, quienes podían ordenar tanto al Canciller como a la Ministra de Salud que le entraran al negocio (Alejandro Giammattei y Miguel Martínez), no aparezcan ni por asomo dentro de esta nueva turbulencia de la que, paradójicamente, se sigue llamando Fiscalía Especial Contra la Impunidad, no obstante que precisamente para garantizar impunidad a Giammattei y su pareja, se desmanteló el equipo que venía realizando investigaciones, cabalmente en contra de la ya tradicional -esa si fuerte y firme- impunidad garantizada a Morales y Giammattei.
Y el otro asunto, que las “pruebas” o “indicios” con los que parecen investigar el tema de la ONG, dan la sensación que es más un tema que responde a las sanciones y a las alianzas que ha querido hacer el MP con los enemigos del gobierno demócrata.
Si tienen pruebas, que hablen fuerte y claro en los tribunales y que se lleve el proceso como corresponde.
