Pocas veces en la historia judicial de Guatemala se ha dado una audiencia tan relevante y esclarecedora de nuestra realidad como la del pasado viernes en la que Eduardo Pantaleón, perseguido por el Ministerio Público, explicó lo que ocurre actualmente y el destino que espera a los fiscales que están dispuestos a investigar casos de corrupción. Afirmó que el caso en su contra es consecuencia de que él procedió a investigar el negocio detrás del Libramiento de Chimaltenango y como ello provocó que la Fiscal General ordenara a la Fiscalía de Asuntos Internos proceder en su contra porque “en el MP está prohibido investigar los delitos cometidos en los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei”.
Es ampliamente conocido el compromiso que generó la designación de Consuelo Porras como Fiscal General, al punto de que cuando supo que en la antigua FECI se investigaban casos como el de la Alfombra Rusa, se hizo presente en esa fiscalía para impedir que continuaran acumulando pruebas sobre esos sucios negocios y, finalmente, se procedió a remover al Fiscal Juan Francisco Sandoval, nombrando en su lugar a Rafael Curruchiche. Pero las palabras de Pantaleón en el proceso que se sigue en su contra constituyen un señalamiento en verdad lapidario respecto a la prohibición absoluta que existe para que en cualquier dependencia del Ministerio Público exista algún caso relacionado con los gobiernos de los dos presidentes que nombraron Fiscal General a Consuelo Porras.
Explicó Pantaleón que por haber investigado el negocio de la obra que Jimmy Morales calificó como “megaobra” y que es un completo desastre, fue procesado y que tanto él como el Fiscal Stuardo Campos están pagando las consecuencias de haber cumplido simplemente con lo que es el deber de todos los fiscales. Queda una clara y categórica constancia procesal, gracias a la entereza de Pantaleón para explicar con lujo de detalles lo que él hizo en diez meses para formalizar el señalamiento de corrupción en la obra de Chimaltenango y las consecuencias de haber cumplido con su deber. Corrupción que viene desde épocas de Alejandro Sinibaldi.
Lo más importante es que, como bien dijo él, mientras persista la vigencia de esa orden que prohíbe de manera absoluta cualquier investigación sobre lo que se robaron en los dos últimos gobiernos, no hay forma de enderezar el rumbo del país porque lo único concreto y tangible es que aquí el ladrón de fondos públicos goza de la más absoluta impunidad.
Pantaleón pudo salir del país como lo hicieron otros perseguidos por el Ministerio Público, pero prefirió quedarse y enfrentar las consecuencias y con ese testimonio ofrecido desde el sitio que como acusado ocupa en el Juzgado Décimo de Sentencia Penal nos da una lección que hay gente que no ve el silencio como una opción.
