De conformidad con el Código Municipal todas las municipalidades tienen “la facultad para otorgar a personas individuales o jurídicas, la concesión de la prestación de servicios públicos municipales que operen en su circunscripción territorial, con excepción de los centros de acopio, terminales de mayoreo, mercados municipales y similares” (Artículo 74), situación que en la práctica se vio afectada porque diputados dispusieron que era el Congreso el único que podía dar concesiones. Los intereses son obvios porque el Legislativo y las municipalidades del país cayeron en las redes de la corrupción y los diputados pretendieron para sí esos negocios.
La Corte de Constitucionalidad acaba de resolver, por petición de la Municipalidad de Guatemala, que es a los Municipios a quienes, de conformidad con la ley, les corresponde tramitar y otorgar ese tipo de concesiones, lo cual puede ser un instrumento para arrebatar a los diputados una considerable fuente de negocios, pero es importante matizar que solo al devolver la responsabilidad a los Concejos Municipales no se resuelve el problema de la corrupción, piedra angular de la problemática del país y es por ello que la transparencia y la necesidad de una Contraloría de Cuentas capaz de cumplir a cabalidad su labor de fiscalización son vitales. No podemos permitir que esta oportunidad sea un simple traslado del lucro a otros funcionarios sin que se lleven a cabo proyectos pensando en impactar en la gente.
El espíritu de la norma del Código Municipal es coherente con el principio de autonomía característico de nuestras municipalidades, pero debe reconocerse que en el sucio juego político que se ha dado en el país, los alcaldes terminaron jugando un papel importante, si no es que clave. Simplemente basta con recordar que Miguel Martínez logró reunir a 200 alcaldes del país para que fueran la columna vertebral de la campaña de Vamos, para entender la situación imperante en muchos de los Municipios.
Y a partir de eso tenemos que entender también la importancia vital de una adecuada fiscalización, tanto de la contraloría como de los vecinos y la opinión pública, de todas y cada una de las concesiones que sean discutidas y aprobadas por los Concejos Municipales. Tal y como están las cosas el problema no está en quién apruebe los negocios sino en la ausencia de voluntad en muchos alcaldes y la falta de mecanismos de control y fiscalización, no digamos de persecución penal de aquellos que incurran en delitos. Y es que a la falta de auditoría, oficial y social, se suma la ausencia de interés por investigar ningún crimen relacionado con la corrupción.
El tema de las concesiones municipales nos obliga a insistir en la necesidad de que los ciudadanos tomemos un papel más activo, en este caso como vecinos de alguna jurisdicción, para detectar y denunciar anomalías dejando en evidencia a los que usan su investidura como funcionarios para forrarse de dinero.
Que una buena oportunidad no la empañen las formas oscuras.
