Ayer el gobierno anunció formalmente la destitución de la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, María José Iturbide, luego de hacerse público que vehículos y personal del ministerio fueron asignados para transportar y cuidar a la hija de la funcionaria, situación que la coloca en serio problema legal. El Código Penal, en su artículo 445 BIS, establece que comete peculado por uso el funcionario que utilice o permita que otro use en provecho propio o de terceros, vehículos y recursos que se encuentren bajo su administración, razón por la que al gobierno no le queda más que hacer la denuncia correspondiente.
Ejercer la función de ministro tiene sus retos y uno de ellos es la seguridad de su familia. Gran parte del problema en este caso fue que la hija de la exfuncionaria adujo un tema de vigilancia que afectaba su seguridad, pero ella misma publicaba sus ubicaciones y actividades, lo que contradijo lo que expresó la exministra que por resguardar su integridad le asignó vehículo y agente(s).
Hay quienes consideran que fue la decisión correcta y otros que pudo haber habido un intermedio administrativo que obligara a la Ministra a reintegrar los gastos incurridos de personal, gasolina y depreciación de vehículo. Inicialmente el gobierno había adoptado una postura menos radical, afirmando el mismo presidente que había llamado la atención a la ministra Iturbide, lo cual desató una serie de comentarios en redes sociales que influyeron, sin duda, en la destitución anunciada ayer.
Es absolutamente necesario que se fijen claros lineamientos en la administración pública de cómo y para qué se debe usar los bienes del Estado. Es obvio que en casos especiales en los que un funcionario o sus familiares puedan estar el peligro, se debe practicar un análisis de riesgo y, como con cualquier particular que esté en iguales condiciones, se les puede proporcionar la protección que sea necesaria. Lo que no se puede es que un funcionario, disponiendo de los recursos a su cargo como si fuera de su propiedad, decida por sí y ante sí usarlos para cuestiones ajenas a los fines de la institución que dirige.
Y dentro de ese uso antojadizo, vimos cómo Miguel Martínez, siendo la pareja del entonces Presidente, tenía enormes privilegios y tanto él como su círculo gozaban de protecciones del Estado que no están para cualquier ciudadano común y corriente. Es por ello que es de vital importancia que se aborde de forma transparente el asunto y se empiecen a sentar sanos precedentes para que todo mundo en la administración pública entienda que el aparato del Estado no está para ser usado a capricho por nadie y que debe destinar todos sus recursos al cumplimiento de los fines y deberes de cada institución.
Ahora el gobierno está en la obligación, so pena de incurrir en omisión de denuncia, de denunciar por ese uso incorrecto de recursos públicos, que incluye el de vehículos estatales y personal de seguridad que fue puesto a disposición de la hija de la ministra luego de que, según expuso la exfuncionaria, fuera seguida por un motorista.
Venimos de tiempos muy oscuros en el uso de los recursos públicos que se han usado de la manera más arbitraria posible.
Todo eso tiene que terminar y las más altas autoridades están obligadas a dar ejemplo de sometimiento a la ley, razón por la cual ahora procede la denuncia formal sobre el mal uso de recursos públicos, pues de lo contrario, el Ministerio Público (MP) perseguirá por omisión de denuncia.
Seguramente en este caso, el MP no tendrá tantas consideraciones como sí las tiene con Miguel Martínez.
