Dentro de poco más de seis meses tiene que producirse el relevo de los actuales Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones de todo el país, por lo que de conformidad con la ley se convocará este mes a las Comisiones de Postulación que deben conformar los listados dentro de los que se deberá elegir finalmente. Corresponde al Congreso hacer la convocatoria de un proceso que es vital para Guatemala debido al control de la justicia que se dio con más fuerza desde el tiempo de Pérez Molina, cuando se nombró a Magistrados que duraron desde el 2014 hasta el 2023.
Esos magistrados fueron postulados dentro de acuerdos que hicieron los partidos Patriota y Lider, bajo el control de Baldizón y Sinibaldi, para fomentar la impunidad y proteger a los operarios de la corrupción, lo que explica mucho de lo que ha acontecido en los últimos años. Y el fenómeno se repitió con ligeras variantes el año pasado cuando se nombró, bajo la supervisión de Miguel Martínez, a quienes ocupan los cargos y deberán entregarlos en octubre próximo.
Desde tiempos de Pérez Molina la corrupción se institucionalizó en el país, situación agravada seriamente durante los gobiernos de Jimmy Morales y, aunque pareciera imposible, mucho más con Alejandro Giammattei, logrando controlar toda la institucionalidad del país para ponerla al servicio del enriquecimiento de pequeños pero muy poderosos grupos.
Sin un efectivo sistema de justicia, en el que se restablezca el imperio del Estado de Derecho, será imposible cumplir con el mandato del pueblo en las urnas, durante las pasadas elecciones, al elegir un gobierno obligado a combatir realmente la corrupción, objetivo difícil de alcanzar en las condiciones actuales. La piedra angular del cambio que el país necesita está en la conformación de un Organismo Judicial que está comprometido a aplicar la ley sin los manoseos que se vienen dando prácticamente desde el 2014 por aquellos pactos politiqueros.
Los buenos jueces y magistrados no deben, no pueden quedar sujetos a los amaños de los políticos de turno.
La idea de las Comisiones de Postulación fue asignar a la Academia, representada por las Universidades del país y el Colegio de Abogados, la responsabilidad de proponer profesionales probos y competentes para sanear y preservar el sistema de justicia. Tristemente se cumplió aquello de “hecha la ley hecha la trampa” y en vez de sanear la justicia, se corrompió en gran medida la academia, no solo mediante la creación de universidades de garaje, sino hasta con la fraudulenta acción para controlar la Universidad de San Carlos.
Así como Arévalo pidió acompañamiento de la OEA para este proceso de postulaciones, pedimos a los ciudadanos estar vigilantes y activos para velar por esta oportunidad, vital como lo es, para recuperar ese necesario imperio de la ley que se perdió en manos de juzgadores puestos para apañar a los más sinvergüenzas.
