Hoy publicamos lo que el famoso programa de Seguro Escolar, que pudo ser de gran impacto y envergadura, le terminó costando a los contribuyentes sin que haya reportes verificables de alumnos de preprimaria o de primaria que en realidad hayan sido beneficiados, de qué se les trató, qué se les recetó, etc., lo que evidencia que en el gobierno pasado es difícil encontrar un área en la que no sacaran raja. Un seguro que en el primer año costó Q94.5 millones, subió en el segundo a Q152.7 millones, Q265.66 millones en el tercero y Q330.29 millones en su cuarto y último año.
¿Cómo, por qué se justifica ese incremento?
El Crédito Hipotecario Nacional tuvo a su cargo la “ejecución” del programa de seguro; ponemos comillas a la palabra ejecución porque no hay mayor vestigio de que algún alumno haya sido realmente beneficiado, pues ahora se informó que todo era simplemente para atender por vía telefónica a los padres que requirieran cobertura. Lamentablemente, el Crédito Hipotecario Nacional, siendo una entidad del Estado y que por lo tanto tendría que ser auditada todo el tiempo por la inútil Contraloría de Cuentas, se escuda en la Ley de Bancos y sus secretos para no proveer ninguna información.
Así ocurrió con los multimillonarios préstamos que se dieron en tiempo de Alejandro Giammattei a particulares como parte de un supuesto plan de reactivación de la economía durante la pandemia; se sabe que mucho de ese dinero público, por “el secreto bancario” no se sabe a quién se le dio y cuánto se ha pagado porque solo presentan hojas que aguantan con todo. El banco se ha negado a dar información sobre el manejo de esos millones, violando normas constitucionales y la misma Ley de Acceso a la Información Pública, esgrimiendo el secreto bancario como pretexto, pero debemos recordar que aquí se usó dinero PÚBLICO mediante un BANCO, pero que es del ESTADO.
En total el seguro escolar, que de seguro no tuvo más que lo jugoso que fue para las autoridades de la Presidencia y del Ministerio de Educación, terminó costando 843 millones de quetzales, de los cuales habría que determinar cuánto quedó realmente en el Crédito Hipotecario Nacional y cuánto se devolvió a la pareja presidencial que era la que sacaba raja en todo. Por eso es que las investigaciones urgen y la resistencia a hacerlas coquetea con la comisión de delitos. Y ese bendito seguro, que pudo ser de beneficio para los alumnos de preprimaria y primaria en el sistema educativo nacional, pasa a la historia como otro de los tantos negocios malolientes (la lista es interminable) realizados durante esos cuatro años de gobierno.
Creemos importante agotar investigaciones sobre lo que pasó con el seguro porque ello permitirá tener lista la documentación para cuando el Ministerio Público pase a manos de gente que realmente esté dispuesta a cumplir con sus deberes marcados no sólo por la ley orgánica del MP, sino por la misma Constitución Política de la República.
