Hoy el Procurador General de la Nación, acompañado por el Secretario General de la Presidencia, presentó una acción de antejuicio contra la Fiscal General Consuelo Porras por el delito de incumplimiento de deberes, tomando en cuenta que ella fue invitada a una Junta de Gabinete y llegó simplemente para decir que no iba a asistir a la reunión. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece literalmente lo siguiente: “Coordinación. El Presidente de la República podrá invitar al Fiscal General para que participe en cualquier Junta de Gabinete o de los Ministros de Estado. En ese supuesto el Fiscal General ESTARÁ OBLIGADO a concurrir a la junta, con voz pero sin voto.” (Las mayúsculas son nuestras).
La invitación que le hizo Bernardo Arévalo a Consuelo Porras estaba exactamente ajustada a derecho y la negativa de ella a participar es un incumplimiento del deber que se le establece en la referida Ley Orgánica, razón por la cual la solicitud de antejuicio deberá ser conocida por las autoridades competentes. La Hora publicó hoy hace un mes, el 29 de enero, el editorial La Coraza de Giammattei y Martínez, explicando a detalle el tema legal de la invitación y el rechazo burdo de la Fiscal General a lo que era su obligación.
Por supuesto que no es el único caso de incumplimiento de deberes, como se podrá demostrar con un trabajo acucioso de todos los hechos de corrupción en los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei que no han provocado ninguna investigación del Ministerio Público. Pero también debemos recordar que todo el sistema de justicia fue controlado en esos gobiernos y que los actuales magistrados fueron electos por el Congreso el mismo día en que Miguel Martínez llegó a las oficinas del Legislativo para instruir a los diputados sobre a quiénes debían elegir, cosa que hicieron ese mismo día.
El proceso está apenas iniciando y veremos mucha agua pasar bajo el puente antes de que se llegue a un desenlace porque una y otra parte tratarán de agotar los medios legales. El gobierno para demostrar que el clamor ciudadano para exigir la renuncia de Consuelo Porras no era un simple capricho sino algo con fundamento en la razón, la lógica y la ley. Y ella que, como ya lo ha demostrado, terminará hasta invocando a Dios para librarse de la posibilidad de ser enjuiciada mientras su persona y sus subalternos se siguen entregando a la causa de dormir investigaciones que afecten a sus amos.
Guatemala necesita recomponer el sistema de justicia del país y tener un entre investigador que funciona como un Ministerio de Impunidad es un aliciente para los operarios de la corrupción. La ciudadanía debe involucrarse para asegurar que los esfuerzos por mantener la impunidad, en especial para Miguel Martínez y aliados, cesen y con ello empecemos una ruta de recuperación del Estado de Derecho.
