La Ley Contra el Femicidio en Guatemala fue aprobada para evitar agresiones y abusos contra las mujeres, lo cual es necesario en una sociedad que veía a sus mujeres golpeadas y asesinadas a manos, en muchas ocasiones, de su gente cercana; sin embargo, mujeres que participan en política o ejercen funciones públicas, han manoseado la norma para que se convierta en un freno a la fiscalización que la ciudadanía tiene derecho y hasta obligación de ejecutar. El último caso se dio en Quetzaltenango donde la Concejal María Margarita Campollo Díaz la invocó para lograr una orden judicial que impide a tres concejales de oposición participar en las sesiones del Concejo, contraviniendo el mandato popular.
Los tres Concejales señalados son Rodrigo Pereira Calderón, Marco Chávez y Sergio Monzón, electos popularmente para el cargo y dispuestos a hacer una oposición y buscando más transparencia en el oficio municipal, dado que el Alcalde y su concejal Campollo pretenden operar en la sombra. Todos los asuntos que conocen los Concejos son de interés público y el secretismo no debe ser el camino.
En Guatemala se ha vuelto costumbre entre mujeres que ocupan cargos públicos que apelen a la Ley Contra el Femicidio para obtener medidas de protección que impidan cualquier señalamiento de malos manejos. Una exvicepresidenta ahora en la cárcel, una ex primera dama y candidata presidencial, una exdiputada y exdirectora del Instituto de la Víctima y una excanciller y ahora diputada, lograron que jueces prohibieran mencionarlas en medios de comunicación porque dijeron que las denuncias de sus manejos eran violencia contra la mujer.
La Constitución establece con absoluta claridad que: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa” y que “Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”. Por si ello no fuera suficiente, tajantemente dice, además, que “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
Como se ve, el término funcionarios o empleados públicos aplica para cualquiera en esa condición, sea hombre o mujer, pero resulta que la Ley Contra el Femicidio se ha convertido en una coraza de mujeres que participan en la vida pública, devengando salarios en el Estado y se escudan en esa ley para encubrir sus actuaciones. Exactamente, lo que hizo la Concejal de Xela hicieron las otras y encontraron jueces y magistrados venales que se pasan la Constitución por el arco del triunfo.
Es imperativo terminar con esos abusos de mujeres que empañan la participación de damas decentes en la vida pública del país.
