Serán muy pocas las esferas de la administración pública que se hayan librado de los vicios de la corrupción que se ha venido propagando desde hace ya bastante tiempo y por ello el combate será sumamente complejo dados los enormes intereses que entran en juego ahora que el hastío de la gente terminó por generar un claro mandato contra tanta podredumbre que se debe materializar de manera categórica. Sin embargo, es preciso señalar que uno de los campos en los que primero se institucionalizó esa práctica fue el de la salud, con la obligada y absolutamente necesaria compra de medicamentos, lo que generó un contubernio entre funcionarios y vendedores de fármacos que genera no solo millones para las partes, sino un muy serio daño para toda la población.
Uno de los efectos que se tienen que ver con claridad es la forma en que, aún para los particulares, el precio de la medicina en Guatemala es estratosférico al compararlo con lo que cuesta en otros países cualquier medicamento. Y es que para justificar los millones que se embolsan muchos, se incrementó también el precio al público, lo que se traduce en una carga muy alta para las familias que no dependen del Seguro Social o la Salud Pública en el país.
Ayer las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron que preparan la suscripción de un convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para evitar las anomalías en las compras directas y de baja cuantía que se vienen denunciando. Debemos recordar que ese mecanismo ya se usó en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), con resultados satisfactorios, pero fue sepultado cuando el gobierno de Giammattei y Martínez nombró a las principales autoridades del IGSS, que llegaron para dejar inmediatamente sin efecto la utilización de ese mecanismo que, sin ser perfecto, permitió por lo menos disminuir los sucios negocios y cubrir las necesidades de los trabajadores afiliados.
Robar en cualquier campo es no solo un delito sino, éticamente, un grave hecho; pero cuando se aprovechan de las necesidades de salud de la gente para amasar grandes fortunas y jugar en el ruedo de la corrupción, la situación es mucho más grave, sobre todo con circunstancias en que se juega la vida misma de los pacientes. Estamos viendo ahora el drama de los enfermos renales, campo en el que ya se habla de algunos decesos, y todo es consecuencia de la forma en que se privilegia el negocio aún en casos de enfermos en grave riesgo.
Hemos dicho que el reto de cambiar las sucias prácticas es inmenso porque están regadas por todos los ámbitos de la función pública, pero sin duda que el tema de las medicinas, tanto las que compra el Estado como las que adquiere con sobreprecio el particular, es algo que demanda urgente atención.
El tema regulatorio con los registros sanitarios es otro foco al que urge entrarle y las autoridades necesitan poder enfocar sus esfuerzos en enfrentar esos vicios de manera casi inmediata.
