Uno de los graves problemas de nuestro sistema de justicia es la facilidad con que se pueden asignar a jueces apalabrados los casos que más interesan al Ministerio Público (MP), es decir todos aquellos que tienen que ver con los que se salen del redil o critican el sistema político deteriorado seriamente por la corrupción. Ayer la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal apartó a la jueza Wendy Coloma del proceso que se sigue contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), supuestamente por la compra del sistema TREP, todo ello en el marco de lo relacionado con las elecciones del año pasado que fueron calificadas como fraudulentas por funcionarios del Ministerio Público.
A los fiscales no les pareció cómo llevaba el caso la juzgadora y recurrieron, como ha ocurrido otras veces, a una Sala de Apelaciones para apartarla y así encomendar el proceso a alguien que, como ya hemos visto tan gráficamente, esté dispuesto a satisfacer sin chistar las peticiones del MP. Inclusive jueces que se excusen por pactadas citaciones del Consejo de la Carrera Judicial para mantener a los procesados sin siquiera escucharlos, tal y como pasó recientemente con el periodista José Rubén Zamora.
Recordemos que las órdenes de captura en contra de los magistrados fueron emitidas por un juez de urgencias, a pesar que Coloma era la jueza contralora del caso.
Un sistema de justicia que fortalezca el Estado de Derecho en el país es en realidad una de las urgencias más importantes del desafío que como nación estamos viviendo porque, desagraciadamente, tanto el ente investigador como varios jueces y magistrados están empeñados no sólo en asegurar impunidad a los que se robaron tanto recurso público, sino en sancionar a todos los que cuestionan o critican el comportamiento de autoridades que se empeñan en seguir destruyendo el régimen de legalidad.
En ese contexto será sumamente difícil darle cumplimiento al mandato de la ciudadanía expresado en las urnas porque hay un tremendo valladar que no solo impide que se puedan investigar y castigar los abusos y desmanes de los últimos gobiernos, sino que además se empeña y centra en enviar mensajes de que quien critique o cuestione terminará en manos de alguno de esos jueces que pueden mantener a alguien en prisión sin siquiera escucharlo, no digamos permitir la legítima defensa.
La justicia pronta y cumplida, como debe ser en cualquier lugar del mundo, tristemente no ha existido en nuestro país debido al comportamiento de juzgadores y acusadores a los que les ha importado poco la ley. Hay juicios que corren casi a la velocidad de la luz porque son contra aquellos a los que el MP incluye en su larga lista de enemigos, mientras que a los grandes operadores de la corrupción que le roban millones a la gente ni siquiera se les investiga y si algún proceso existe, corre menos que una tortuga. Triste realidad que seguimos soportando y sufriendo y que debemos cambiar.
