Uno de los grandes problemas que representa el control total del sistema de justicia, a partir del control del ente encargado de la investigación penal, constituye la práctica de mecanismos de chantaje legal para mantener alineados a funcionarios que son advertidos de la posibilidad de acusaciones en su contra si no se alinean a lo que la pandilla quiere. Funcionó perfectamente el 30 de noviembre con la aprobación del presupuesto y la decisión de retirar la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque algunos diputados, que hasta se habían retirado de la sesión, se vieron obligados a volver cuando recibieron la advertencia de que irían tras ellos.
Hemos visto la facilidad que hay para montar casos y perseguir a personas non gratas para el sistema que prevaleció con poder absoluto hasta el 15 de enero en la madrugada, cuando tardíamente se le dio posesión del cargo al Presidente Bernardo Arévalo tras una intensa jornada de acciones para impedir que se cumpliera el mandato popular. Por si ello no fuera suficiente, en el Congreso hay muchas colas bien machucadas que facilitan la formulación de amenazas de que quien se salga del carril será enjuiciado en alguno de los tribunales que, embarrados hasta el cuello, tienen que seguir jugando con las reglas impuestas.
El control del Ministerio Público implica dos serios problemas para el país; por un lado, no se realizan investigaciones serias sobre los numerosos casos de corrupción que se dieron en el gobierno anterior, teniendo el de las vacunas Sputnik como emblemático, no solo porque el mismo fue el fundamento para la sanción a Giammattei y Miguel Martínez por corruptos, sino porque el mismo MP no mueve un dedo al respecto y lo apaña. Pero, por si ello no fuera suficientemente grave, se usa el poder para amenazar y chantajear a cualquiera, con pruebas claras de que cuentan con los tribunales ad hoc para lograr enjuiciamientos espurios.
El país se encuentra en una encrucijada, puesto que, por un lado, está el mandato de la ciudadanía para erradicar la corrupción y por el otro el poder que aún tienen los operadores de la corrupción para hacerle la vida imposible a quienes no quieran jugar en la arena de la podredumbre y, por ende, a los ciudadanos que se opusieron abrumadoramente a continuar con ese modelo.
El próximo lunes es previsible otro incumplimiento de la ley de la Fiscal a la citación que se hizo para que concurra a la reunión de gabinete porque, como dijimos ayer, la guerra está declarada, el ataque es frontal y la ofensiva se puede observar en varios medios de comunicación que, por propia voluntad o por esos chantajes, la canalizan.
No tienen cómo justificar ser tapadera de la corrupción del régimen Giammattei – Martínez.
