El Presidente Constitucional de la República es la persona que se convierte en el Jefe del Estado de Guatemala por mandato del pueblo, según reza exactamente el artículo 182 de la Constitución Política de la República, razón por la cual merece de los servidores públicos el elemental respeto inherente a su investidura. La educación no pelea con nadie, solía decirse con frecuencia antiguamente, y una invitación formal, realizada en el marco de sus funciones, no debió ser rechazada en la forma agresiva y nada mesurada que mostró la Fiscal General, Consuelo Porras, ratificando de manera absoluta que ella tiene una guerra declarada y sin cuartel con el gobernante del país.
El artículo 251 de la misma Constitución (ya reformado en 1993) regula las funciones del Ministerio Público y lo hace de forma muy precisa. El último párrafo de esa norma dice textualmente: “El presidente de la República podrá removerlo (al Fiscal General) por causa justificada debidamente establecida”. Cierto es que esa norma fue limitada por una ley ordinaria, poco analizada y de la que ahora se pagan los efectos, que restó al mandatario la facultad constitucionalmente existente de poder destituir al funcionario, pero no podemos pasar por alto el espíritu que en su momento dieron los constituyentes al asunto.
La animadversión personal de la Fiscal General de la República de Guatemala hacia quien por mandato del pueblo ejerce la función de Jefe del Estado de Guatemala quedó perfectamente expuesta con su actitud ante la invitación girada para una reunión con objetivos específicos de abordar temas relacionados con la importancia de la función que desempeña el ente a cargo de la investigación penal. No se trató de hablar del tema de las investigaciones contra el Presidente, la Vicepresidenta y el partido Semilla, sino de asuntos muy puntuales dentro de los que destaca el tema de la sucia compra de vacunas rusas, para establecer si está dentro de las investigaciones que se llevan a cabo.
Una Fiscal General, que a su vez tiene un secretario, Ángel Pineda, quienes tuvieron una estrecha relación con Alejandro Giammattei y su pareja, Miguel Martínez, el poder de facto del Gobierno anterior. Relación que le ha costado al país miles de millones de quetzales porque han decidido darle enorme Consuelo y la protección de un angel guardián a la corrupción que de forma descarada condujo la pareja presidencial.
Las diferencias de opinión y de criterio tienen que ser respetadas, pero ello no justifica desplantes que muestran falta de elemental cortesía, no digamos absoluta falta de educación. ¿Será que la Fiscal General reacciona así porque no puede tapar el sol de la corrupción con un dedo?
No creemos que nadie deba arrodillarse ante el gobernante, como se hace en las monarquías, pero hasta para rechazar una invitación se puede y debe usar un tono de respeto, cosa que no ocurrió con el mensaje difundido por Consuelo Porras en el que patentó su molestia.
La guerra declarada, sin tapujos y de manera burda, no conduce al país a ningún sitio porque necesitamos cumplir con el mandato popular de combatir la corrupción y eso pasa por una eficiente labor del Ministerio Público. Quien no entienda qué fue lo que ordenó el pueblo está violando el sentido esencial de la democracia.
