Los integrantes de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) sustituyeron a magistrados que, tras haber sido electos en condiciones de manipuleo de las Postuladoras, se distinguieron por contribuir a la destrucción del Estado de Derecho al alinearse a quienes se esforzaron por crear el régimen de impunidad vigente y de la máxima severidad contra los críticos del sistema. Recuperar el prestigio de la CSJ no es tarea fácil, pero se trata de un asunto urgente porque de ello depende en buena medida la confianza pública en el régimen de legalidad en el país.
Recibimos una carta de los encargados de comunicación de la Corte pretendiendo aclarar la razón por la cual no informan de lo que conocen y resuelven en las sesiones plenarias; los mismos magistrados afirman que no se hará de público conocimiento lo resuelto por el pleno hasta que las partes interesadas hayan sido debidamente notificadas. La administración de justicia es un asunto fundamental para la existencia de un Estado de Derecho y si algo se perdió en Guatemala durante los últimos años es la confianza de que la ley se aplica sin sesgo.
Deben notificar con agilidad para dar celeridad a la justicia y evitar suspicacias.
Si la CSJ operará de esa manera, se deben asegurar que los Netcenters no sean sus voceros de facto, porque a la fecha difunden información sobre lo que dicen fue conocido por el pleno; son las mismas que trasladan a la población informaciones aún de casos bajo reserva porque tienen pleno acceso a las investigaciones que realiza el Ministerio Público (MP) y su función es, cabalmente, propagar aquellos asuntos que son de interés y conveniencia para quienes se complacen con la manipulación del sistema de justicia.
En el último caso, esas cuentas señalaron que la CSJ había conocido proceso para eliminar el derecho de antejuicio a dos figuras públicas, entre ellas el Presidente Electo. Si eso no ocurrió, la noticia fue difundida y comentada ampliamente y los Magistrados debieron desmentirla si hubo falsedad. El silencio tras la plenaria es un hecho preocupante porque en realidad nadie gana absolutamente nada con ello; ni las partes que de todos modos serán notificadas, ni la confianza que la opinión pública debe tener en la forma en que se comportan las autoridades judiciales.
No olvidemos que son, ante todo, servidores públicos y que se deben al imperio de la ley y al interés público, sobre todo luego del tremendo daño que sus predecesores hicieron al Estado de Derecho. Recuperar la confianza es algo que se logra solo con transparencia en el manejo de los procesos y no mediante cuentas anónimas propagando informaciones a las que misteriosamente les dan acceso en varias fuentes.
