Ayer circuló el oficio enviado por el Juez Víctor Cruz, nombrado en la Lista Engel como “un juez del ramo penal que obstruye investigaciones relacionados con corrupción mediante el retardo malicioso de procedimientos”, en el que por pedido del Ministerio Público (MP) pide información a la red social X, antes conocida como Twitter, sobre el perfil de la cuenta de La Hora, así como de las de los medios Ruda GT, Prensa Comunitaria, la periodista Leslie Sánchez de Guatevisión y la diputada Lucrecia Hernández Mack, recientemente fallecida. Ello en el marco de la causa penal que identifican como ¨Caso Toma Usac: Botín Político”.
Todo se deriva de lo ocurrido en la Universidad de San Carlos de Guatemala con la elección de Rector Magnífico, situación que fue objeto de noticias publicadas en todos los medios señalando las anomalías en un proceso que terminó celebrándose a puerta cerrada y sin permitir la participación de todos los electores. Basta una rápida revisión en Google de lo que se publicó sobre fraude electoral en la USAC para ver que fue abrumadora la información de todos los medios sobre el tema.
La petición del juzgador es un remedo de lo que ha ocurrido en Nicaragua donde la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha penalizado el ejercicio de la libertad de expresión, amordazando a los medios y a cualquier ciudadano para impedir que se publiquen los hechos relacionados con el burdo abuso en el ejercicio del poder, confirmando lo que hemos sostenido hace muchos meses en el sentido de que estamos viviendo bajo un nuevo modelo de Dictadura de la Corrupción, que va más allá del poder que aquí usufructúan Giammattei y Martínez, porque implica a todos los involucrados en el saqueo del erario.
La prensa, y cualquier ciudadano, tienen pleno derecho a escudriñar y hablar de acontecimientos relevantes de la vida nacional, como puede ser la elección del Rector de la Universidad nacional y relatar los hechos tal y como ocurren, sin que por ello se pueda implementar alguna censura o mordaza. Eso es, por supuesto, en el marco de la plena legalidad y del respeto a las normas constitucionales, cosa que, por lo que estamos viendo, ya pasó a la historia en el país.
La Hora publica en sus redes sociales lo mismo que publica en su sitio oficial de Internet, (lahora.gt) y por lo tanto es muy fácil saber lo que se publicó con relación a ese caso que terminó siendo la piedra angular de todas las acciones para intentar bajarse el resultado electoral, por lo que la petición del MP en contra nuestra, avalada por el juez Cruz, no es más que una clarísima muestra de la decisión de amordazar a la prensa y a los ciudadanos guatemaltecos para que no hablen absolutamente nada respecto a los abusos de la Dictadura de la Corrupción.
