En los últimos días se ha notado un incremento de acciones recriminatorias de los ciudadanos en contra de quienes son el rostro visible de la corrupción, de una mayor afectación del Estado de Derecho en el país y de los esfuerzos por aniquilar la democracia; el primer gesto se vio en el estadio, con motivo de un juego de la selección nacional, donde el público abrumadoramente lanzó insultos y señalamientos contra Miguel Martínez, quien estaba en el Palco Presidencial, situación que se repitió luego en Antigua Guatemala cuando se filtró información sobre su presencia en una actividad religiosa. Esta semana fue el Juez Fredy Orellana quien recibió la dura crítica por sus actuaciones contra la democracia, situación incómoda que se vivió en un vuelo de Guatemala a Panamá en el que se transportaba el juzgador favorito de la FECI.
Es en realidad lamentable que se den esas situaciones que son consecuencia de que no hay en la práctica chance para que en el país se pueda aplicar la vindicta pública, entendida la misma como la “satisfacción de los delitos que se debe dar por la sola razón de la justicia, para ejemplo del público”. Ante la destrucción del sistema de justicia, terrible para cualquier nación, el ciudadano trata de pasarle factura por propia cuenta a quienes son la cara visible de los vicios tan graves que afectan a la sociedad y por ello esas reacciones airadas de protesta y rechazo que irán en aumento, triste y peligrosamente.
El ideal sería que quienes abusan del poder e incurren en delitos al manipular las leyes y destruir la justica fueran penalmente procesados por sus actos, pero como ellos han sido precisamente quienes han ido operando en contra todo concepto de justicia y legalidad, el ciudadano que observa la realidad y se siente ofendido por esas acciones recrimina a quienes considera culpables. Los riesgos que se producen por esa desesperada reacción de la gente son muy grandes y por ello debiera de existir un esfuerzo por reconstruir el modelo de justicia para que se pueda procesar, de conformidad con la ley, a quienes incurrieron en esos abusos que provocan el hartazgo del ciudadano.
Son situaciones peligrosas que se pueden ir de las manos en el momento menos pensado porque, repetimos, hay un evidente hartazgo de la ciudadanía por tanto daño que se le ha hecho al país en el marco del afianzamiento de toda una estructura mafiosa que logró el control de toda la institucionalidad, desde los poderes del Estado hasta entidades autónomas como el deporte o la Universidad nacional. Es importante entender que vamos en una ruta peligrosa por la falta de una auténtica justicia.
