Si algo ha caracterizado estos cuatro años de gobierno son las componendas entre el Ejecutivo y el Congreso para que en la aprobación del presupuesto siempre quede la olla bien untada para quienes se benefician de la corrupción y en el que se está discutiendo para el año próximo figura el pago a constructoras con las llamadas “obras de arrastre”. Se trata de amarrar y obligar al próximo gobierno a cubrir adeudos por contratos suscritos en este gobierno y todos sabemos qué es lo que eso significa porque en todo el período se ha cumplido al pie de la letra aquello de que no hay obra sin sobra.
De hecho, hemos sostenido en La Hora que el Presupuesto crece en la medida en que crece la ambición de los gobernantes porque no hay forma de evidenciar que los recursos sirvan para la promoción del bien común, como establece la Constitución y la necesaria inversión en la gente. En el último año el presupuesto creció desmesuradamente porque se asignaron millonarios fondos a los 200 alcaldes que se unieron al oficialismo para que fueran los generadores de votos.
Sin corrupción, como debe de operar el Estado, los recursos existentes bastarían y quizá hasta sobrarían porque se estima que más del 30 por ciento del dinero que gasta el Estado termina en los bolsillos de quienes dirigen y operan el sistema de corrupción existente. La cantidad de obras mal hechas, que se derrumban al primer invierno son una muestra clara de que aquí no se invierte en beneficio de la población sino únicamente se gasta para generar las mordidas suficientes para llenar esas millonarias maletas que ya fueron mostradas al incautárselas a quien había sido Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
A pesar de los planes existentes para revertir la voluntad popular, tienen manifiesto interés en asegurar que, pase lo que pase, de todos modos los negocios “shucos” que ya fueron apalabrados se mantengan porque ello significa recursos garantizados para embolsárselos, aún y en el caso, que consideran remoto, de que finalmente terminara prevaleciendo el rechazo ciudadano ante tanta podredumbre. Ya sabemos que, en todo caso, el Congreso seguirá siendo la cuna del negocio y de los vicios porque la inversión en los 200 alcaldes rindió frutos en términos de elegir diputados.
La ambición no tiene límites y se manifiesta de muchas maneras, partiendo del principio de que la clave de todo está en las asignaciones presupuestarias que los diputados han llegado de manera muy diestra y eficiente para su propio beneficio y por ello es que la atención ciudadana debe centrarse en esa aprobación que dejaría maniatado al próximo gobierno.
