Al nada más concluir el proceso electoral el pasado martes, en las redes sociales que filtran informaciones de casos declarados bajo reserva por el Ministerio Público (MP), anunciaron que ahora van tras los voluntarios que integraron las juntas receptoras de votos en el inicio de una nueva forma de arremeter contra el resultado electoral que no fue del agrado de quienes manipulan a las instituciones. Se trata de más de 125,000 ciudadanos que por civismo decidieron ser parte de esa enorme estructura que viene funcionando desde hace más de cuarenta años, cuando se creó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se decidió operar con base en el aporte voluntario de mucha gente que, a lo largo de varios procesos, han sido la garantía de transparencia.
Hay que decir que el Ministerio Público, al romper la cadena de custodia de los documentos de la elección de este año abrió la puerta a manipulaciones que pueden hacerse con la papelería electoral para alegar un inexistente fraude. Únicamente el TSE tiene la facultad de calificar el resultado electoral y por ello la preservación de toda la documentación enviada por cada una de las mesas receptoras de votos el día de la elección. Al pasar esa documentación a las manos del MP no se puede ya tener certeza de que no haya sido trastocada con fines inconfesables.
Una acción del Ministerio Público contra quienes integraron las juntas electorales acabará por completo con esa manifestación de civismo que se ha repetido una y otra vez desde la elección de la última Asamblea Nacional Constituyente porque no habrá quién esté dispuesto a verse en el riesgo de ser sometido a un proceso espurio con malévolas intenciones. Pero está visto que en esta batalla para destruir la democracia no hay nada que frene el ímpetu de quienes necesitan a fuerza disponer del clima de impunidad que es característico de nuestra realidad nacional y, para mantenerlo, moverán cielo y tierra con tal de impedir que la voluntad popular en contra del régimen de corrupción se materialice.
Los ciudadanos que en cada uno de los municipios trabajaron arduamente en junio y en agosto para realizar la recepción y el conteo de los votos merecen reconocimiento y jamás una persecución penal obviamente espuria y mal intencionada porque lo que se persigue es dar el manotazo definitivo a la expresión de los ciudadanos manifestada en las urnas.
Si el manoseo de la documentación es imperdonable, mucho más ese trato ofensivo al querer criminalizar a ciudadanos que voluntariamente han servido cada cuatro años para facilitar el ejercicio del sufragio.
