Nacional e internacionalmente se ha comentado la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad, con base en un amparo que fue presentado en marzo de este año, la cual ordena que se debe determinar si “las manifestaciones no pacíficas” han producido delitos de “lesa humanidad”. Los magistrados evidentemente no se tomaron siquiera la molestia de leer el Estatuto de Roma, que no solo creó la Corte Penal Internacional, sino que definió expresamente en qué consisten los delitos de lesa humanidad.
En ese Estatuto se establece que los mismos son “el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso, privación de libertad fuera del derecho internacional, tortura, violación u otros crímenes sexuales, persecución por motivos discriminatorios, desaparición forzada, apartheid y otros actos considerados inhumanos”. ¿En cuál de todos ellos pretende la Corte de Constitucionalidad enmarcar los crímenes supuestamente cometidos por las manifestaciones que ellos llaman “no pacíficas”?
En un verdadero Estado de Derecho un mamarracho como el que se disparó la Corte de Constitucionalidad simplemente sería motivo de burla por la notoria y fachendosa ignorancia de los magistrados (obviamente no letrados) que la componen. Sin embargo, en un país en el que se ha violentado la ley y se manosea constantemente para que sirva a los intereses de la corrupción, el gesto se vuelve sumamente peligroso porque indica hasta dónde parecen estar dispuestos a llegar quienes, a puro tubo, pretenden burlarse de la voluntad popular.
La crítica que con toda propiedad y conocimiento hizo el Embajador de República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos hubiera causado mucho más que rubor a quienes cínicamente se prestaron para afirmar que hay que determinar si los manifestantes en el Ministerio Público han cometido crímenes de lesa humanidad. Pero ya sabemos que si así como les falta ética y conocimiento, también les falta vergüenza. Por ello no sienten ni pena de ponerse en tamaño ridículo ante el mundo, demostrando las enormes carencias del órgano encargado de la interpretación de nuestro marco constitucional.
En Guatemala tristemente sabemos, por haberlos sufrido miles de familias de todo tipo, qué son los crímenes de lesa humanidad porque se incurrió en ellos durante el llamado conflicto armado interno, donde hubo asesinato, exterminio, traslado forzoso, privación de libertad, tortura, violación y otros crímenes sexuales, por lo menos. Y llama la atención que quien en su momento votó para exonerar a Ríos Montt de ese tipo de crímenes, ahora vote a favor de una resolución que se les achaca a los manifestantes.
Nuestro régimen de legalidad está más que maltrecho porque quienes administran la justicia e interpretan la ley simplemente la manosean para su propia conveniencia y para asegurar impunidad a quienes han pervertido el sistema. Y la mejor muestra es esa tonta resolución de la máxima Corte.
