![Editorial Estamos frente a una situación prácticamente inédita en la vida del país, cuando la ciudadanía da ejemplo de una madurez para ejercer su derecho de protesta, sin recurrir a la fuerza.](https://lahora.gt/wp-content/uploads/sites/5/2023/10/WhatsApp-Image-2023-10-19-at-10.49.47-AM.jpeg?w=696&h=0&crop=1)
Tras la draconiana orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenaba el uso de la fuerza para desalojar a quienes manifiestan frente al Ministerio Público (MP), las autoridades indígenas se reunieron con el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil (PNC), afirmando que ellos no han impedido el acceso de nadie al MP y que quienes han querido entrar lo han hecho sin contratiempos. Seguidamente fueron a Gerona, con el PDH, y se corroboró que no hay bloqueo que impida entrar al edificio a trabajadores de las fiscalías o a ciudadanos que quieran colocar alguna denuncia.
El día de ayer, tras la fatídica y brutal orden girada por la CC que inclusive ordenó al mismo MP que inicie proceso contra el ex ministro de Gobernación, General Napoleón Barrientos, por no haber disuelto por la fuerza a los manifestantes ubicados frente a la sede del MP, las autoridades ancestrales de los pueblos originarios dieron una muestra de madurez y civismo y lo mismo debemos de decir de la PNC, Gobernación y la PDH. Ratificaron firmemente su compromiso con la defensa de la democracia y de la voluntad popular, pero al mismo tiempo insistieron en que su protesta es absolutamente pacífica.
El Procurador de los Derechos Humanos ya lo había podido comprobar cuando él mismo llegó a la sede del Ministerio Público y tras hablar a los manifestantes fue duramente abucheado y fueron las autoridades ancestrales quienes se encargaron de protegerlo para evitar cualquier acción en su contra de parte de la multitud indignada.
Por eso es que los bloqueos se tienen que reenfocar porque además de molestos, retienen a las personas en contra de su voluntad a pesar que casi el 100% de quienes son retenidos, quieren democracia. Le debemos dar siempre legalidad al reclamo ciudadano.
En otras palabras, estamos frente a una situación prácticamente inédita en la vida del país, cuando la ciudadanía da ejemplo de una madurez para ejercer su derecho de protesta, sin recurrir a la fuerza bajo ninguna circunstancia, pero reafirmando su compromiso de mantener la lucha por la democracia.
Ayer estaba prevista una reunión entre los dirigentes de la protesta con la jefa del Ministerio Público, anunciada por la Presidencia de la República, pero a última hora la misma fue cancelada por Consuelo Porras quien afirmó que no se reuniría con los manifestantes que tienen presencia frente a las instalaciones del MP.
Los esfuerzos por defender la democracia tienen que mantenerse dentro de los cánones del civismo y legalidad, sin espacio para el uso de la fuerza y la violencia que dejaría el camino allanado a quienes, desde la autoridad, pretenden reprimir a los manifestantes, tal y como ayer mismo lo hizo ver, sin eufemismo alguno, la CC, que no vaciló en asumir un papel que no le corresponde al ordenar desalojar a los manifestantes, incluso con el uso de la fuerza y con el Ejército de apoyo.