Editorial
En la parte superior de la imagen, el magsitrado Héctor Hugo Pérez Aguilera; el magistrado Nester Mauricio Vásquez Pimentel, En el centro, la magistrada Leyla Susana Lemus Arriaga. En la parte inferior, el magistrado Roberto Molina Barreto y la magistrada Dina Josefina Ochoa Escribá. Imagen: Roberto Altán / La Hora.

No es ninguna sorpresa sino la ejecución, al pie de la letra, del rol para el cual fueron designados los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Ayer, mientras desde Enade se les pedía defender la democracia, ellos preparaban un comunicado con el que simple y sencillamente dieron carta blanca al Ministerio Público (MP) y sus jueces apalabrados para continuar sin contratiempo alguno con sus acciones contra el proceso democrático, con la certeza de la bendición de la CC.

Es bueno que el panorama se clarifique ante la expectativa de personas y sectores que esperaban que la CC podría ser la salvaguarda del Estado de Derecho y del orden constitucional; ahora estamos ya claros de cuál es el papel que juegan y en qué bando se ubican en este momento crucial para la Patria. Justamente todo el entramado de la elección de los actuales magistrados giró alrededor del proyecto de control de todas las instituciones y así como se controla al Congreso y el Organismo Judicial, pasando hasta por la PDH y la Usac, se tenía que tener cooptada a la Corte que podía hacer valer los derechos ciudadanos en momentos críticos.

Esta situación coloca al país y a los ciudadanos en una dura encrucijada porque la esperanza, aunque fuera remota, de que la Corte encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución de la República lo hiciera desaparece porque la misma ya dijo que tanto el Ministerio Público como los jueces con los que opera a su sabor y antojo, pueden seguir adelante con su plan y que cuentan con su total y absoluto consentimiento. La CC ha visto, como todos, las formas, los motivos y las acciones de un MP que usa un caso de firmas para secuestrar actas. No detener eso es avalar las acciones del MP y el juez porque dicen que deben tener plenos fundamentos, pero salta a la vista que no hay fundamento alguno para ir en contra de la democracia.

Ello en contraste con la cada día más manifiesta actitud de una ciudadanía que está harta de la corrupción y que se vuelca a las calles para manifestar su rechazo a un sistema de la más absoluta podredumbre. Debemos entender que los bloqueos no pueden ser la ruta con la que lograremos los cambios y por eso es el llamado a los líderes para que hagan entender a sus bases que hay otras formas que pueden ser más efectivas y que tendrán el apoyo de ciudadanos que no apoyan a Porras, ni al juez ni a la CC pero hoy se ven muy afectados por los bloqueos.

Siempre hemos sabido que esta transformación no sería fácil y que todas las fuerzas que están plegadas a las instrucciones de Alejandro Giammattei, quien a su vez recibe fuertes órdenes de Miguel Martínez, como se desprende del famoso audio, no van a ceder sin luchar para mantener las lucrativas posiciones que les han permitido enriquecerse a costillas de la necesidad de los guatemaltecos. Pero con su comunicado de ayer los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se han definido ya sin tapujos y la luz verde que han dado a Porras, Curruchiche y Orellana les faculta a ir con todo contra la voluntad popular.

No se ha definido la batalla, pero sí se clarifica el panorama respecto al papel que cada quien juega en esta peculiar y dramática crisis provocada por un resultado electoral de rechazo al sistema de corrupción.

 

Redacción La Hora

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