Los intentos de impedir la ejecución de la voluntad popular están teniendo un efecto que los defensores del sistema nunca imaginaron, puesto que estamos a las puertas de un gran acuerdo nacional, en el que participan los diversos sectores de la sociedad guatemalteca, con la intención de sentar las bases para el inicio de un cambio profundo en nuestro régimen político. Indígenas y ladinos, trabajadores y empresarios, estudiantes y profesionales, jóvenes y personas mayores, todos hartos del saqueo a que se ha sometido al país, están aceptando el llamado que hizo el presidente electo, Bernardo Arévalo, para concretar los acuerdos necesarios para hacer operativo el esfuerzo.
Los operadores del régimen de corrupción nunca imaginaron que pudiera darse una situación como ésta y por ello apostaron a respaldar diversas candidaturas que, al fin de cuentas, eran todas más de lo mismo, desentendiéndose de la posibilidad de que el ciudadano decidiera utilizar el voto como arma efectiva para iniciar un proceso de cambio. El mismo, sin embargo, sería imposible sin la articulación de los diversos sectores de la sociedad para asumir compromisos que nos permitan romper con esa oprobiosa realidad en la que se estimula y fomenta la corrupción y la impunidad para evitar el castigo de los que actúan al margen de la ley con total descaro.
Desde los grupos indígenas más olvidados hasta empresarios de diversos sectores, la población ha entendido que seguir por ese rumbo destruye el futuro del país y que hace falta un esfuerzo colectivo para emprender una nueva ruta que, por supuesto, no será fácil dado lo enraizada que está la corrupción y el abrumador control que aún ejerce en instituciones como el poder legislativo, el poder judicial y en numerosas municipalidades. Pero si la determinación ciudadana es firme y se articula correctamente, así como se logró vencer en las urnas a las mafias del sistema, se les podrá poner en su lugar mediante una gran alianza que les cierre los espacios a los que se han acostumbrado.
Nuestra dolorosa realidad queda expuesta en situaciones como la de ayer, cuando un juez, atrapado y sin salida, no tiene más remedio que proceder burdamente para mantener en prisión a una abogada con la que el sistema quiso enviar un mensaje de advertencia que las venganzas están siendo la norma. La licenciada Claudia González no fue funcionaria, ni siquiera de la CICIG, entidad que, en todo caso, se constituyó con un compromiso que asumió Guatemala. Simplemente, como abogada, fue mandataria y punto.
Pero son todos esos abusos lo que provocaron esta transformación social sin precedentes que abre una enorme y única oportunidad para trazar un futuro prometedor.
