El juez Carlos Ruano está a un paso de ser capturado si la Corte Suprema de Justicia acepta el antejuicio en su contra que presentó la Fundación Contra el Terrorismo por haber denunciado la forma en que la magistrada Blanca Stalling lo presionó para beneficiar a su hijo, sindicado en el caso IGSS-Pisa. El juez sospechó ante la invitación que le hizo la magistrada a su despacho cuando él formaba parte del juzgado que conocía el proceso y por ello grabó la conversación, lo que sirvió para, cuando existía investigación imparcial, ella fuera procesada y huyera hasta que, con peluca y pistola, fue detenida.
Toda la población recuerda ese escandaloso proceso y cómo, cuándo se buscó venganzas y no justicia, la magistrada no sólo recobró su libertad sino su cargo en la CSJ y el sueldo que no devengó durante el tiempo que estuvo privada de libertad. Ahora esa misma CSJ que le otorgó tanto beneficio está por decidir sobre la acción de Méndez Ruiz, armada con documentos que la misma Stalling le proporcionó, con un memorial con fechas erradas y que persigue pasar la factura al juez cuya sólida denuncia, con grabación, la envió a la cárcel.
Hace buen tiempo que todos los casos iniciados en la época que las maniobras del sistema quedaron en evidencia se vienen derrumbando porque el Ministerio Público ejerció una función, en muchos casos, de querer favorecer a actores del sistema que tanto daño le ha causado al país. Pero el colmo de los colmos de la perversión de nuestro sistema de justicia es que no solo los que actúan fuera del marco de la ley salen libres, sino que aquel que haya evidenciado esa siniestra forma de crimen está ahora con un pie en la cárcel.
No podemos ser una sociedad que tolere esa perversión de la justicia y que admita, sin inmutarse, que la captura de todo el sistema legal se traduzca no solo en impunidad para los delincuentes, sino en medio de castigo contra gente que cumplió con el deber de todo ciudadano de luchar contra una forma de crimen que, robando a la sociedad, castiga a los más necesitados. Ese modelo de impunidad es que convierte al sicario en juez, al extorsionista en cobrador diario y es el que hace que el honrado y quien cumple con las normas, se la vea a cuadros.
El caso del Juez Carlos Ruano es una muestra patética y terrible de lo que pasa cuando la “justicia” se vuelve injusta, castigando a quien actuó conforme a derecho y beneficiando a quien buscó infringir las normas. Cabalmente por preservar ese perverso sistema es que hacen micos y pericos para impedir que se concrete la voluntad popular que, en las urnas, mostró su claro rechazo a tanta podredumbre.
