Ayer el Tribunal Supremo Electoral declaró oficialmente electos como Presidente y Vicepresidenta de la República a los ciudadanos Bernardo Arévalo y Karin Herrera, en un agitado día que inició con los anuncios de ejecución de órdenes de captura y cateo de residencias de exmiembros de FECI y CICIG, en cumplimiento de una orden del juez Jimmi Bremer, el mismo que condenó a los abogados de José Rubén Zamora. Horas más tarde, la CC negó el Amparo solicitado por Consuelo Porras, molesta por las críticas en su contra que pululan en redes sociales y que han generado manifestaciones ciudadanas.
El caso de Bremer no quedó en las órdenes, puesto que tras la captura de la abogada Claudia Gutiérrez se evidenció una componenda entre el juez y el MP, ya que la Fiscalía convenientemente se excusó de asistir a la audiencia de primera declaración y el juez envió a la detenida al Mariscal Zavala a esperar hasta dentro de más de una semana cuando, tal vez, se pueda realizar esa audiencia legal.
Llama la atención que, si con la excusa de la prisión provisional forzaron la renuncia del ex juez Miguel Ángel Gálvez, ahora los jueces aliados sancionados por Estados Unidos recurran a la misma práctica. Si alguien presenta un antejuicio, debe caminar igual que el del ex juez de mayor riesgo que salió al exilio.
Luego siguieron los contrastes, puesto que, por un lado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró oficialmente como triunfadores en la segunda vuelta a los candidatos de Semilla, mientras el Registro de Ciudadanos, dependencia del TSE, procedió a la suspensión de ese partido político en cumplimiento de lo dispuesto por un juez. Todo ello pese a que la Ley Electoral establece que durante un proceso de elecciones no se puede cancelar a ningún partido político y el período no termina sino hasta el 31 de octubre.
¿Qué le habrán hecho o dicho al Registrador que cambió de parecer? Hace unas semanas este recibió amenazas y es conveniente saber que no está siendo coaccionado.
Ese agitado lunes, a ocho días de las elecciones, no es más que una pincelada del escenario que se vislumbra para los días venideros, porque es evidente que mediante acciones que no tienen sustento legal y que se pueden catalogar como de terrorismo judicial, se pretende concretar la ruptura del orden constitucional para impedir que se respete la voluntad popular expresada en las urnas. Ya vimos que Sandra Torres no se cansa de jugar el eterno papel que le asignó la historia y tras la proclamación oficial del triunfo de Arévalo, apeló al MP para que la ayuden a invalidar todo el proceso, negándose a reconocer su tercera derrota al hilo que fue totalmente predecible.
Resulta evidente la desesperación causada por esta inesperada reacción de la ciudadanía guatemalteca que se volcó de manera firme en contra de un sistema plagado de esa corrupción apuntalada por la más burda impunidad; resultado que no se quiere aceptar aún a riesgo de que el hartazgo de la gente se manifieste en acciones firmes para defender y hacer valer su voluntad expresada en las urnas.
