La solicitud de Amparo presentada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con la final de prevenir cualquier acción que pudiera poner en peligro las elecciones no fue un capricho ni una reacción hepática; es el resultado del análisis de la realidad que estamos viviendo y de lo que evidencia la impertinente y terca actitud que tiene el Ministerio Público en contubernio con un juez Ad Hoc que, para empezar, ordenó la cancelación de un partido político, lo cual no puede ocurrir. En segundo lugar se ha pedido la captura de la encargada del Registro de Ciudadanos, lo cual es ilegal porque la protección del antejuicio se da a quien ocupa el cargo, y eso tiene serias implicaciones en el proceso.
La Corte de Constitucionalidad (CC), que había dado un viraje que hasta provocó que la magistrada Dina Ochoa votara en contra de lo resuelto por el pleno, simplemente estaba llamada a otorgar un amparo preventivo a fin de garantizar que se puedan realizar las elecciones sin el riesgo que significa lo que los del TSE calificaron “como un riesgo cierto e inminente”.
El primer fallo de la CC había sido un gallo gallina que no entró al fondo de la cuestión y dejó abiertas puertas para que los agentes que necesitan impunidad pudieran seguir operando. Ahora la misma CC, al rechazar el nuevo amparo, éste promovido por el TSE simplemente recurre a ese mismo gallo gallina que ya demostró cuán flojo es, para decir que eso basta y sobra para que las elecciones estén garantizadas.
El asunto es que si la CC no aborda o hace algo contra la desobediencia del MP y el Juez, la resolución alimenta las dudas más que las certezas.
La historia y los hechos recientes nos demuestran que no hay que pecar de ingenuos cuando las fuerzas del mal han elaborado una cuidadosa estrategia que tiene la finalidad absoluta de impedir que el sistema quede en riesgo con el triunfo de alguien que no se esperaban ver en segunda vuelta.
Tenemos que entender que, al fin de cuentas, el Ministerio Público y Consuelo Porras, así como la FECI y Curruchiche son los instrumentos de poderes más grandes y superiores de la zona 1 y sus aliados en los negocios del Estado que son quienes dirigen toda la operación y tienen la determinación absoluta de revertir lo que el ciudadano dispuso el día de las elecciones, tanto aquellos que fueron a votar y lo hicieron nulo o por un candidato contrario al sistema, como los que simplemente no participaron y que constituyen entre todos una inmensa mayoría.
El comunicado de la CC deja abiertos muchos resquicios que serán hábilmente utilizados por quienes tienen claro que no deben cejar en el empeño de dar un manotazo, proceso que sigue con todo vigor.
