Podría pensarse que se trata, tan solo, de la actuación irresponsable de unos pocos individuos que, desde el Ministerio Público y los tribunales de justicia, demuestran su absoluto irrespeto a la ley y su empecinamiento al seguir dictando medidas que apuntan a la legalmente irrealizable cancelación de un partido político en plena contienda electoral. Sin embargo, tenemos que entender que es la manifestación de la manera en que se ha ido destruyendo y prostituyendo nuestro estado de derecho en el que la ley se aplica al gusto del cliente y sin tomar en cuenta su letra y espíritu.
Un juez que ha sido recusado por actuaciones parcializadas o tendenciosas no puede seguir conociendo la causa mientras esté en trámite esa recusación y, sin embargo, en Guatemala se llega al colmo de ordenar el inicio de investigación contra un funcionario con antejuicio, como el Registrador de Ciudadanos, porque “no cumplió” la orden ilegal que le dio un juez de cancelar a un partido político. Entendemos que para muchos es tan burda la violación y el abuso que cae por su propio peso, pero en el sistema que hemos permitido que se conforme, a partir de la no elección de magistrados -de conformidad con la Constitución- para mantener a los que pactaron para despedazar el derecho, todo cabe en lo posible.
La situación se pinta más delicada de lo que podría pensarse al tenor de la ley; según la Constitución y la Ley Electoral, la voluntad popular expresada en las urnas es la expresión de la soberanía popular que es fundamento de la República, pero el empeño manifiesto para darle cara vuelta al resultado de la elección indica que hay toda una confabulación, que va más allá de un fiscal y un juez, que tiene la clara intención de revertirlo todo.
La creciente soledad que experimenta el gobierno, sin respaldos más allá de los de la Fundación Contra el Terrorismo, que dirige desde las redes sociales nada más y nada menos que a la Fiscal General y todo el Ministerio Público, es patética, pero explica la desesperación que les embarga y el porqué de tan burdas acciones contrarias al mandato constitucional.
La expresión de los distintos sectores de la sociedad es una muestra de que Guatemala emprendió una nueva ruta y que la misma, hagan lo que hagan, es irreversible porque se trata de la consolidación de una democracia destruida a pulso por acuerdos entre quienes han saqueado al país.
