La Constitución Política establece el marco jurídico del país, fijando límites al definir las relaciones entre los poderes del Estado y garantizando derechos elementales que no pueden ni deben ser violados por ninguna autoridad ni por particulares y por esa razón se le califica como la Ley Fundamental porque ninguna norma o disposición puede ser contraria a sus principios y regulaciones. Sin embargo, vemos cómo con más malicia que ignorancia algunos pretenden pasar sobre derechos claramente establecidos, como el que tiene cualquier ciudadano para expresar libremente su opinión.
La Ley Fundamental de Guatemala establece de manera clara y categórica que no constituye delito o falta las críticas, imputaciones o señalamientos que se hagan contra funcionarios por actos realizados en el ejercicio de los cargos. En otras palabras es sagrado el derecho a la libre expresión y si un funcionario se siente agraviado tiene derecho a que un Tribunal especial lo declare, obligando a hacer pública la rectificación del caso.
Pero resulta que según el Fiscal Especial Rafael Curruchiche hay un grupo de funcionarios o empleados públicos a los que no se puede criticar y son los del sistema de justicia, incluyendo desde luego a los del Ministerio Público. La Constitución no hace ninguna distinción cuando habla de funcionarios o empleados públicos sujetos al escrutinio de los ciudadanos, pero el Fiscal sostiene que si se critica a fiscales, jueces u otros operadores del sistema judicial se está tratando de obstruir la justicia, opinión que no tiene ningún respaldo legal pero que él repite de manera insistente.
Se supone que los fiscales tienen que ser expertos en el conocimiento de las leyes y deben entender claramente el sentido de normas tan claras como la establecida en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Su declaración tras el fracaso que sufrió la FECI en el juicio contra José Rubén Zamora deja clarísimo que el proceso tiene como fundamento las críticas que se hicieron públicamente a fiscales, jueces y magistrados, para citar de manera textual la declaración que, con evidente molestia dio Curruchiche.
La jerarquía de la norma constitucional es un elemento que tiene que conocerse, sobre todo cuando se trata de abogados que supuestamente cursaron los estudios necesarios para obtener su título, pero la cantaleta de que a los fiscales, jueces y magistrados no se les puede criticar o cuestionar se viene repitiendo a lo largo de todo el proceso para encarcelar al fundador de elPeriódico y se esgrime con insistencia como un claro y categórico mensaje para silenciar a cualquier ciudadano que desee ejercitar el sagrado derecho establecido en la Constitución.
