Los últimos acontecimientos en la política vienen a confirmar que aquí, desde hace varios años, se ha creado un enorme monstruo que afecta no solo la participación política de algunos candidatos, sino también la vida de todos los ciudadanos por la consolidación de un sistema de justicia en el que no se puede tener la menor confianza por la volatilidad de sus fallos. La autoridad electoral parece haber pasado por alto las deficiencias que les reportaron sobre la realización de una Asamblea partidaria, realizada en el marco de la tan cuestionada Ley Electoral y de Partidos Políticos de cuya reforma se habla todo el tiempo sin que se haga nada.
No debemos olvidar que el caso de Prosperidad Ciudadana, al igual que la Unidad Nacional de la Esperanza, fue un amparo otorgado en el sistema de justicia lo que interrumpe su proceso de cancelación y en ambas situaciones, la cercanía de sus operadores con el Gobierno de Alejandro Giammattei es una realidad que no debemos pasar por alto y que merma la famosa “independencia judicial” o el principio de “separación de poderes”.
En un real Estado de derecho la opinión pública vería con buenos ojos que en los tribunales se dirimieran diferencias mediante procesos basados en ley, pero en Guatemala la ciudadanía ya sabe por qué y para qué se manosearon las Comisiones de Postulación y se prolongaron las funciones de los juzgadores en las cortes. Por ello priva tanta desconfianza respecto a los intereses que se evidencian en muchos de los fallos judiciales y el tema electoral no es, en absoluto, ajeno a los manoseos que muy lejos de ser la excepción son la regla prácticamente absoluta en las judicaturas.
Este debe ser un buen momento para que los ciudadanos de diversos sectores acuerden algo: reformar la justicia es una necesidad para impactar de forma positiva el día a día de la gente, la atracción de inversiones y el anhelo de llegar a vivir en un Estado de derecho real.
Por otro lado, el manoseo de la ley electoral ha permitido la creación de vehículos electorales que de partidos políticos únicamente tienen el nombre porque se crean para servir al dueño y los afiliados no pasan de ser un requisito a llenar, sin tener realmente voz ni voto en las decisiones que toman a raja tabla los que se sienten caciques. Y esos manoseos los avalan los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, como lo demuestra la inscripción de los candidatos de Prosperidad Ciudadana, partido que según el Vicepresidente de Carlos Pineda y Jefe de “Mechito”, fue comprado a una diputada que lo tenía bajo su control.
La institucionalidad del país está destruida al haber quedado al servicio de los oscuros intereses que predominan en la patria y en la elección es obvio que importan más los conectes y las componendas que el imperio de la ley. Si un partido hace mal su Asamblea la misma no debió ser inscrita, pero el TSE la reconoció y ahora corresponde ventilar por qué. Se dio sustento a las decisiones que se fueron tomando, entre ellas la postulación de alguien desconocido para la ciudadanía pero que, al atinar en el uso de las redes sociales, creció más de lo que hubieran imaginado.
Prosperidad Ciudadana parecía ser un satélite de VAMOS para llegar a 80 diputados y por eso es que el amparo que se les otorgó no fue producto de la casualidad o de un Estado de derecho funcionando correctamente.
Hoy su situación está en manos de una justicia que despierta tanta suspicacia como las erráticas decisiones del TSE, mientras el monstruo de un cooptado sistema de justicia cumple el papel que se le ha asignado.
