El anuncio del cierre del diario elPeriódico, formulado anoche, obliga a reflexionar sobre nuestra realidad y el rumbo que como Nación hemos tomado. La libre expresión es un derecho humano elemental e inalienable, pero más importante aún es el derecho del pueblo a estar informado, valores sin los cuales es imposible soñar siquiera con una democracia. Por supuesto que, como todo derecho, ambos deben ser ejercitados con responsabilidad y por ello dentro del marco legal existente, puesto que si bien todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, no podemos incurrir en fallas o faltas que afecten el derecho de otras personas.
Siempre hemos sostenido que los medios de comunicación no tenemos fuero especial de impunidad y siendo además la credibilidad el capital más importante, estamos llamados a predicar con el ejemplo aún y cuando los tiempos se vuelven recios porque los ataques a la libertad de expresión son reales.
José Rubén Zamora se encuentra en prisión hace ya casi un año, sindicado por la FECI de varios delitos. En el proceso ha habido muchas situaciones del Ministerio Público (MP) y los querellantes que despiertan dudas y manejos de la defensa del acusado que no aclaran las cosas y por ende no han ayudado a su causa.
Desde hace años y en el 2016 – 2017 insistimos en la necesidad de hacer los ajustes y reformas para que existiera un verdadero Estado de Derecho en el que cualquier persona puede ser acusada y saber que tendrá un juicio justo dentro del debido proceso, en el que se valorará la prueba y se decidirá con base en los hechos si hay o no responsabilidad penal.
En Guatemala el sistema de justicia no ha llenado y no llena esos requisitos, no sólo por la prolongación de funciones de los magistrados, sino porque es evidente cómo se han ido desmoronando causas de personas que tienen mucho que explicar a la justicia y se ha mostrado más celeridad en algunas causas que parecieran más venganza que búsqueda de justicia.
Todos debemos responder por nuestros actos y si incurrimos en delito purgar la pena. Para ello es indispensable tener un sistema judicial confiable, en el que sepamos de la existencia de instancias y de independencia para fallar conforme a derecho. Cuando eso no existe la ciudadanía tiene todo el derecho a sospechar y por eso es clave que los ciudadanos con más incidencia alcancen acuerdos en pro de un verdadero Estado de Derecho.
Preocupa una labor para procesar a los que señalan esas fallas del sistema y deficiencias mediante la fabricación de procesos por “obstrucción de la justicia”, cuando lo que hay realmente es un intento por exponer la realidad y así salvar a nuestro destruido Estado de Derecho.
Todos podemos estar de acuerdo o no con la opinión de los medios de comunicación y eso forma parte de la misma libertad de expresión. Pero debemos entender que cuando hay esfuerzos estatales por afectar la labor de los medios de comunicación que exponen las realidades, hay ya una dictadura operando de manera sistémica que luego le puede pasar factura a cualquier ciudadano.
Más allá de la necesidad de preservar la libertad de expresión y el derecho a la información estamos urgidos de rescatar el Estado de Derecho porque todos los ciudadanos, tarde o temprano, podemos depender el sistema de justicia para probar la responsabilidad de alguien que nos causó un perjuicio o para demostrar nuestra inocencia en caso de acusaciones maliciosas. Ya vivimos demasiadas dictaduras como para no darnos cuenta de lo que está pasando.
