No existe la autoridad perfecta y todas pueden cometer errores, razón por la cual el ordenamiento legal establece varios mecanismos de revisión y corrección para garantizar el legítimo ejercicio de todos los derechos, individuales o colectivos. El problema grave de cualquier país es cuando esa cadena se rompe por la cooptación de las instituciones, de manera que no hay forma de que se pueda realizar una objetiva verificación de lo actuado para ajustar las decisiones al tenor y espíritu de la ley y eso es lo que está sucediendo en Guatemala.
El Director del Registro de Ciudadanos puede cometer errores al calificar las solicitudes de inscripción de candidatos a los puestos de elección popular, pero en teoría el Tribunal Supremo Electoral, integrado por magistrados de mayor nivel, puede revisar esas resoluciones, ya sea de oficio o a solicitud de parte. En esa situación se demanda el estudio concreto de los hechos y el contenido de la ley para su efectiva aplicación y resguardo del derecho.
Después de lo que resuelva el TSE, quien se sienta agraviado tiene todavía la posibilidad de presentar recursos ante la Corte Suprema de Justicia y, en última instancia, ante la Corte de Constitucionalidad, que no solo es la máxima figura de interpretación de nuestra Ley Fundamental, sino también de la garantía de los derechos universales, como el de elegir y ser electo.
En teoría, pues, existen los mecanismos de ley para enmendar errores o abusos que pueda cometer alguna autoridad y todos debiéramos confiar en esa cadena de pasos legales diseñados, precisamente, porque nadie puede negar la posibilidad de errores o abusos en el ejercicio de las funciones públicas. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica, porque recordemos que desde hace años se viene trabajando en la captura del sistema de justicia; primero fueron las Comisiones de Postulación para magistrados de salas y la CSJ, luego la no elección para dejar en el cargo a quienes llegaron como resultado de un sucio pacto y, por último se concretó el control del TSE y de la CC dentro de ese plan perverso para destruir el Estado de Derecho y asegurar impunidad.
En un proceso electoral de seis meses, los tiempos para conocer recursos son vitales y con poco esfuerzo se pueden consumir de manera maliciosa, dejando a los afectados sin posibilidad de una justa y honesta revisión de los hechos.
Por ello insistimos tanto en el tema del Estado de Derecho. Hoy pueden ser candidatos los afectados, pero mañana puede ser usted, ciudadano, quien no tenga recursos leales para defender sus garantías.
