Hoy se cumplen tres años de aquel día en que recibió la banda presidencial Alejandro Giammattei Falla, pronunciando un discurso de fantasiosos ofrecimientos que ya no eran para engañar a la población para conseguir votos, sino hacerse la aureola de un político distinto dispuesto a cambiar las cosas en Guatemala. No lo hizo en el sentido que prometió ese día tras haber sido juramentado para el más alto cargo en el país, pero sí en el sentido opuesto, porque el 14 de enero del 2020 se marcó con el surgimiento de la alianza que ha provocado el mayor daño mediante la captura del Estado de Derecho y de las instituciones.
El balance de estos 36 meses empieza con una pandemia que la humanidad no se esperaba y que no podemos pasar por alto en la evaluación de este gobierno. Empezando por la forma de opereta en que se montó el anuncio presidencial del primer caso de Covid-19 en el país, hasta el fracaso de la vacunación que dejó a Guatemala como uno de los países con mayor porcentaje de personas sin esa protección, el manejo de esa crisis sanitaria fue terrible, al punto de que fue imposible mantener en su puesto al ministro de Salud, destacado por su ineficiencia. El nuevo equipo no trajo nada diferente y se perdieron muchas vidas como resultado de la notoria y triste incapacidad del gobierno dirigido por alguien que se dice médico y cirujano.
Ya Jimmy Morales había empezado a destruir los avances en materia de lucha contra la corrupción, pero el nuevo pacto entre Giammattei y Consuelo Porras sepultó el Estado de Derecho porque incluyó la no elección de magistrados para las Cortes y la manifiesta alineación del sistema de justicia para apañar cualquier crimen relacionado con el saqueo del erario. Y tras eso se vino el control de todas las instituciones, incluyendo el deporte y la universidad nacional, alineando absolutamente todo en ese esfuerzo por encubrir la criminal realidad existente.
La ausencia de justicia provocó lo que era de esperar, puesto que los más violentos criminales se sintieron a sus anchas para robar y matar, sabiendo que no habría juez ni magistrado que les aplicara la ley. El colmo quedó de manifiesto en estos días, cuando hasta se entorpeció una solicitud de orden judicial para hacer allanamientos y capturas por el robo a residencias y la medida se entretuvo hasta que los maleantes se hubieran puesto a resguardo.
Resumir en un editorial el daño hecho al país en estos tres años es imposible porque ese perjuicio fue brutal y difícil de corregir. Pero empieza el cuarto año, que no será más de lo mismo sino mucho peor, por el imperio de la Ley de Hidalgo.
