Ayer publicamos el audio de la llamada que contiene el mensaje que desde “el despacho” le transmitió el empleado del MP Jonathan Meléndrez a la ex fiscal de la FECI, Eva Siomara Sosa, para que se convirtiera en colaboradora eficaz en el proceso que ya estaba en marcha contra Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado, y la advertencia de que, de no hacerlo, ella misma sería procesada. Es de destacar la forma en que se le hizo ver que sabían de su condición de madre soltera, con tres hijos a los que mantiene ella sola, y cómo una negativa podría afectar a esos menores, lo que muestra sin lugar a dudas los niveles de perversidad que existen en el Ministerio Público y que se confirman con el hecho de que la licenciada Sosa está separada de su cargo y refundida en prisión porque no se prestó al juego “del despacho”.
Arrinconar así a una mujer es un acto deleznable que merece el mayor de los repudios y sin duda que ese mismo Dios al que mencionó Meléndrez con la misma devoción que usa siempre Consuelo Porras para presentarse como mujer devota, algo tendrá que decir de que se insista tanto en andarlo sobando con las manos sucias.
El proceso contra la abogada es como todos los que se han iniciado contra profesionales que tuvieron algo que ver en la lucha contra la corrupción. Montajes burdos para enviar el sonoro mensaje de que quien se meta con los poderosos e investigue sus sucias andanzas se las terminará viendo con esa justicia tan peculiar que ahora existe en Guatemala y que se muestra inflexible contra quienes no están en el bando de la impunidad.
Les importa un pepino lo que pase con los tres hijos de la abogada Sosa, como les importa un pepino lo que pasa con su colega la ex jefa de la sección de la FECI en Xela, Virginia Laparra, víctima del juego sucio de juzgadores que se pasan la chibolita para mantenerla en prisión sin que inicie ningún proceso.
Los fiscales tienen el deber y la obligación de investigar y formular acusaciones y no debieran ser sometidos a cárcel por haber cumplido con esa función esencial pero en la Guatemala de hoy, cuyo estado de derecho defienden algunas entidades, resulta que eso se convierte en delito porque el perfil de quienes fueron investigados entra dentro de la categoría de los intocables que tienen asegurada la impunidad, garantizada con la ostentosa y burda captura que se hizo de la institucionalidad y del Estado mismo.
