Quien tiene un carro robado se expone a ir a la cárcel y seguramente las autoridades decomisarán el vehículo que es producto de un crimen. Quien lo posee puede alegar que lo compró de buena fe pero debe probarlo para evitar la cárcel, pero no se puede quedar con al auto y si mucho podrá reclamar la devolución de su dinero al ladrón. Ese ejemplo es cabal lo que desde el principio dijimos que se aplicaba al caso TCQ. Se lo dijimos a los personeros de APM Terminals, se lo dijimos al comisionado Iván Velásquez y se lo dijimos al gobierno de Jimmy Morales porque cuando APM Terminals se presentó como nuevo dueño, en sustitución de López Maura, estaba en posesión de un bien producto de un delito de millonarios sobornos que no podía pasarse tranquilamente por alto.
España ha divulgado los correos electrónicos que prueban no sólo los sobornos y la corrupción de todo el negocio sino hasta la complicidad del Reino de España porque su propio embajador fue operador de Pérez Maura para lograr el suculento negocio. Por ello la intervención era improcedente, como se hizo, porque estaba en juego mucho más que la operación de un negocio. Estaba en juego un trinquete asqueroso que salpicó a mucha gente.
APM tomó posesión de un carro robado y por útil que pueda ser el mismo, no puede seguir en propiedad de ellos porque si hicieron un correcto análisis de la operación tuvieron que saber que era sucia. El Estado de Guatemala tiene perfecto derecho a expropiar el bien para resarcirse de los daños causados por el contubernio Pérez Molina – Pérez Maura y el embajador que en ese tiempo representaba al mismo Rey de España.
APM Terminals, el gobierno de Guatemala y la CICIG retorcieron el derecho y la legalidad para beneficiar, esta vez, a la empresa holandesa que no puede alegar ignorancia ni, mucho menos, buena fe porque en Guatemala sonaron muchas campanas de alarma cuando se estaba dando el corrupto negocio. Y ese otro arreglo apesta tanto como el primero.
