EN LO QUE VA DEL AÑO

Diecisiete privados de libertad han muerto violentamente en las cárceles

POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt

Según la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), en lo que va del año 17 privados de libertad han muerto violentamente. El último hecho ocurrió la semana pasada en la Granja Penal Pavón, donde murieron siete reos.

Las autoridades de la DGSP no han explicado cómo ingresaron las pistolas con las cuales un supuesto grupo de reclusos dio muerte a otros siete en Pavón. Tampoco han justificado las razones por las cuales la directora de la cárcel de Pavón no permitió días antes de la masacre, que investigadores policiales requisaran esa prisión.

Las dudas han surgido desde el 7 de mayo, cuando ocurrió el hecho de violencia, por su parte la DGSP ha dejado las pesquisas a cargo del Ministerio Público (MP) para que esclarezca lo ocurrido.

Los siete presidiarios muertos ya son parte de los 17 fallecimientos en las 21 cárceles del país, según la información oficial de la DGSP.

El año pasado, 43 reclusos murieron en escenarios violentos, explicó el Departamento de Comunicación Social de Presidios.

Actualmente hay 24 mil 812 privados de libertad en las cárceles, de los cuales 12 mil 816 están en prisión preventiva y 12 mil 096 en cumplimiento de condena.

ATENCIÓN CUANDO HAY VIOLENCIA

Las cárceles acaparan la atención de la población y de las autoridades únicamente cuando ocurren motines y violencia, o bien cuando se revelan investigaciones que detallan que desde algunos centros de privación de libertad se planifican delitos como extorsiones, asesinatos y secuestros, opinan analistas especializados en este tema.

Mientras tanto, no existen propuestas contundentes desde las entidades gubernamentales para crear infraestructura, buscar mecanismos legales para contrarrestar la prisión preventiva y agilizar los procesos legales.

Zoel Franco, coordinador del programa Privación de Libertad y Poder Punitivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), lamenta que la situación carcelaria tenga atención solo cuando hay muertes.

“Resulta que el Sistema Penitenciario es atractivo cuando hay un problema a lo interno de cualquiera de las cárceles y hay muertes violentas, el caso –de las muertes en Pavón- se conoció por lo que publicaron los medios de comunicación y se señaló lo mismo, el Sistema Penitenciario no tiene control de los centros de privación de libertad, sino que adentro se dan pugnas de poder”, explica Franco.

Franco dice que se debe investigar quién permite o cómo ingresan armas y drogas a los centros de privación de libertad, pues se supone que hay una oficina de inteligencia para identificar estos problemas, sin embargo, con lo ocurrido el 7 de mayo se evidencia que no hay funcionamiento de estas instancias.

A criterio de Franco se debe definir una “estrategia mejor” de seguridad e identificar cómo ingresan los objetos no permitidos, además de establecer quienes son los reos que someten a otros.

“Tenemos los centros de privación de libertad como agencias de mercado criminal, aparte de ser bodegas humanas para la mayoría. No todas las personas que están adentro son parte de las bandas, en su mayoría son sometidos por grupos de poder que están a lo interno y que ya debería tener identificados el Sistema Penitenciario”, reitera el representante del ICCPG.

RADIOGRAFÍA DE LA SITUACIÓN

En noviembre del año pasado, la Coalición por la Seguridad Ciudadana junto al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentaron el informe “La prisión preventiva en Guatemala”, donde destacaron varios hallazgos de la situación de las cárceles y el origen de los problemas. Además, plantearon varias recomendaciones a diferentes instituciones.

De acuerdo con el CIEN, la infraestructura carcelaria es insuficiente, pues la capacidad total de las 21 prisiones es de 6 mil 812 espacios, actualmente hay más de 24 mil personas detenidas.

“Esto no es un fenómeno reciente. Los datos muestran que el hacinamiento aumentó a partir del año 2008, debido al aumento más acelerado de los privados de libertad, el cual no fue atendido con una ampliación de la infraestructura carcelaria y otros ajustes necesarios”, detalla el CIEN.

En el informe también se explica que se pudo observar que el marco legal nacional de la prisión preventiva está alineado parcialmente a los instrumentos internacionales y resalta el carácter excepcional de la misma y la necesidad de fundamentarla debidamente. Sin embargo, Guatemala es de los países que optó por definir ciertos delitos que obligatoriamente deben recibir prisión preventiva.

“El hecho de que la ley obligue al juez a dictar prisión preventiva en el caso de ciertos delitos, elimina el carácter excepcional, ya que la decisión sobre la prisión preventiva no será tomada en cada caso individual después de haber evaluado todas las circunstancias del caso específico, sino de forma general para todos los casos que involucran estos delitos”, describe.

La investigación detalla que según el Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal en Guatemala, los procesos penales duran 918 días en promedio (dos años y medio), tiempo durante el cual las personas a las que se les dictó prisión preventiva pasan esperando mientras se resuelve su situación jurídica, siendo según la ley inocentes, mientras no se haya probado lo contrario.

“Para el presente análisis, se tomaron los casos de las personas a las que se les dictó prisión preventiva en los años 2016, 2017 y 2018 hasta octubre. Se hizo el análisis de los casos que aún siguen en prisión preventiva y de los que alguna vez lo estuvieron durante esos años”, indica.

¿QUÉ RECOMENDÓ EL CIEN?

En el marco legal, el CIEN sugiere cinco recomendaciones: la primera realizar una modificación al Código Procesal Penal para limitar el tiempo de la prisión preventiva y posibles prórrogas. La segunda recomendación es eliminar el catálogo de delitos que no pueden recibir medidas sustitutivas para garantizar el carácter excepcional de la prisión preventiva. La tercera sugerencia es mejorar las condiciones para otorgar medidas sustitutivas junto a las dos modificaciones legales anteriormente descritas.

En la cuarta sugerencia, considera aumentar la capacidad del Sistema Judicial en términos de infraestructura, personal, equipo y capacitación, pues está sobrecargado. En la quinta recomendación destaca habilitar carceletas especiales para personas en prisión provisional porque son mezclados con las personas privadas de liberad.

Al Sistema Penitenciario, recomienda ampliar la infraestructura penitenciaria en general. Planificar la infraestructura a mediano y largo plazo, incluyendo proyecciones de cantidad de privados de libertad a futuro, ejecución presupuestaria y que los proyectos de infraestructura tengan continuidad aún con el cambio de autoridades.

Por otro lado, destaca la importancia de nuevos espacios penitenciarios bajo el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria para garantizar condiciones de reclusión dignas y humanas.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS AUTORIDADES?

La Hora se comunicó con el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, para saber si dejarán algún plan de infraestructura a la otra administración de Gobierno, o si ellos continuaron con alguno de los proyectos que inició la gestión del exministro Francisco Rivas, sin embargo, no respondió las llamadas a su teléfono celular.

En tanto, Fernando Linares Beltranena, quien integró la mesa técnica en el Congreso para conocer la propuesta del Sector Justicia, en relación a las reformas al Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva, expresó que después de diciembre no hubo más reuniones, pues ya no hubo convocatoria.

De acuerdo con Linares, la propuesta más avanzada desde el Congreso sobre el tema carcelario es la del cese al encarcelamiento, esta surgió por dos iniciativas, una del diputado Luis Hernández Azmitia y otra de Juan Ramón Lau. El proyecto de Ley fue fusionado por la Comisión de Puntos Constitucionales porque según Linares duplicaba funciones.

“La Comisión las unió, esto básicamente lo que sugiere es que solo se pueda otorgar una prórroga por el juez que conoce la investigación, una prórroga de prisión preventiva ya no múltiples prórrogas de mucha gente que lleva años de estar ahí. Lo otro que dice es que hay obligación de dar medida sustitutiva a los mayores de 70 años porque ya no tienen la peligrosidad social y es la que va más avanzada, tiene segunda lectura y va para tercera”, afirmó.

Esta propuesta de normativa generó críticas en su momento, porque beneficiaría en gran medida a sindicados en casos de corrupción.

En tanto, otra iniciativa es el proyecto de ley 5311 conocido como “Ley de Aceptación de Cargos”, presentado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual busca descongestionar todo el Sistema de Justicia, uno de esos elementos es el Sistema Penitenciario (SP), según el reportaje publicado el pasado viernes por este vespertino titulado “Cárceles hacinadas, ¿se han planteado soluciones viables?”.

La Hora también se comunicó con Mario Siekavizza, vocero del Organismo Judicial, para conocer los desafíos que enfrentan para agilizar los procesos judiciales que ingresan y las estrategias que implementan para apresurar dichos procesos, sin embargo, respondió que el pronunciamiento oficial debía gestionarse por medio de Cámara Penal, por tanto, en los próximos días podrían compartir o emitir una respuesta al respecto.