Ella es la magistrada presidenta de la CC, Gloria Porras saluda a Daniel Fenneli, ministro consejero de la Embajada de los EE.UU. Foto La Hora/José Orozco

Por María España
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Durante 10 meses, la sistematización de procedimientos en la Corte de Constitucionalidad (CC) se volvió una realidad, reduciendo la mora en un 94.67%, según indicó Gloria Patricia Porras, magistrada presidenta del máximo tribunal, en la presentación de su informe de labores 2020-2021.

Además, aseguró que los casos se resuelven en 80 días, mientras que fueron emitidas 2,535 sentencias.

“Hemos revolucionado el modelo de administración de justicia. Ahora se encuentra completamente sistematizado. Con un solo click podemos ver los expedientes.”, señaló.

A decir de Porras, la CC cuenta con 1,617 usuarios que pueden recibir sus notificaciones vía electrónica. Agregó que, en la página web, la población en general puede observar la agenda del pleno.

Aseguró que el gobierno de los Estados Unidos ha realizado donaciones en materia de gestión de seguridad de la información.

Por su lado, Daniel Fenneli, ministro consejero de la Embajada de los EE.UU. en Guatemala, expresó que la CC “demostró que ha consolidado la transformación tecnológica manteniendo el acceso a la justicia”. Reconoció la implementación del sistema de indicadores.

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MODALIDAD VIRTUAL

Asimismo, la magistrada mencionó que la pandemia permitió la implementación de vistas públicas virtuales a nivel nacional. Además, fueron creadas salas virtuales para las personas con dificultad de acceso.

Entre el desarrollo tecnológico, también se menciona la incorporación de firma electrónica en las fases del expediente.

DESAFÍOS

La magistrada informó que, ayer, el pleno alcanzó la aprobación de políticas para regir la CC, siendo estas de seguridad física; seguridad de la información; medición y evaluación del empleo; y de transparencia y probidad.

Señaló que es necesaria una “interconexión” con el Organismo Judicial, así como lo ha logrado la Corte con el Ministerio Público, el Instituto de Defensa Pública Penal, y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

“Hemos hecho grandes esfuerzos de mantenernos en una adecuada comunicación con ellos. Hace falta una decisión política importante que permita hacer esa conexión. Nuestro reto mayor es lograrlo con el Organismo Judicial”, enfatizó.

Porras enfatizó que numerosos casos provienen de la Corte Suprema de Justicia, en este sentido, señaló que estos deben tener accesibilidad a las diligencias que contribuyan a la tramitación de las acciones constitucionales.

Maria España
Estudiante de periodismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, interesada en temas de derechos humanos y medio ambiente. Comprometida con la memoria, verdad y justicia. Integrante de la 5ta generación de RedLATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes.
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